Universidades estatales piden cubrir déficit en educación pública en discusión del Presupuesto

Las universidades estatales emplazaron a las autoridades a cubrir el déficit presente en la educación pública generado por la pandemia de COVID-19 en la discusión de la Ley de Presupuesto 2022, que aún está en trámite en el Congreso Nacional.

Las 18 instituciones del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) estimaron que la brecha económica está asociada principalmente a una disminución de la matrícula de pre y postgrado, la confección y compra de insumos sanitarios y equipamiento para la realización de clases virtuales, así como una disminución en asesorías técnicas, entre otros.

“Las consecuencias que ha tenido la pandemia para las universidades estatales han sido muy graves. Si consideramos los años 2020 y 2021, la cifra de déficit alcanza los $250 mil millones”, expresó la directora ejecutiva de la entidad, Alejandra Contreras.

La Ley de Presupuesto, en su última etapa de discusión esta semana, indica en qué y como se invertirán los fondos de la Nación durante el año fiscal siguiente, abarcando el financiamiento requerido para las universidades estatales.

En ese contexto, la vicerrectora de Asuntos Económicos de la Universidad de Chile, Heidi Berner, explicó que “se ha venido planteando hace mucho tiempo la necesidad de un fondo de emergencia para que las universidades puedan contar con recursos para solventar estas crisis. Como eso nunca ocurrió, se hace uso de los excedentes del Fondo Solidario”.

En ese sentido, los puntos principales solicitados por el Cuech está el uso de los excedentes del Fondo Solidario (el sistema de créditos para acceso a educación superior), que son el único capital al que estas instituciones pueden acceder para cubrir el déficit post pandemia. Sin embargo, el proyecto de ley autoriza usar solo los de este año, cubriendo menos de un quinto del déficit total. En este contexto, las casas de estudio piden hacer uso de los excedentes acumulados.

Las instituciones también solicitaron aplazar la discusión sobre el proceso de aranceles regulados en las carreras de Pedagogía y Derecho, el que dicen fue llevado a cabo con una serie de problemas. La Vicerrectora de Asuntos Económicos U. Chile señaló que “hoy hay una resolución clara de la Contraloría General de la República que indica que este fue un proceso poco transparente y no ajustado a la ley. El reclamo central es que la agrupación de carreras no se está haciendo bajo la norma que indica la ley que es por estructura de costos similares”.

La solicitud es prorrogar esta discusión y resolución a través de una glosa en la Ley de Presupuesto que se discute actualmente, que postergue la implementación de los nuevos aranceles hasta el año 2023.