El Gobierno español ha optado por recoger el guante luego de que el Tribunal Europeo de Justicia señalara que la normativa que permite echar a la calle a una familia que no pague la hipoteca de su vivienda, vulnera la normativa de la Unión Europea (UE) sobre los derechos de los consumidores.
Es así como el ministro de Justicia, Alberto-Ruiz-Gallardón, anunció este jueves, desde el Congreso, la decisión de adaptar la legislación hipotecaria española para eliminar los aspectos considerados abusivos por la institución europea.
El Ejecutivo ya esperaba que la sentencia comunitaria asestara un duro golpe a la legislación hipotecaria nacional y por ello el Partido Popular dilató hasta mañana el plazo para la inclusión de enmiendas en el proyecto de ley para la protección de deudores hipotecarios que se encuentra en tramitación en el Congreso y que se debatirá paralelamente con la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la plataforma contra los desahucios, consigna ABC.es
Será este proyecto de ley entonces el que permitiría materializar una legislación hipotecaria española menos abusiva. Según ha asegurado Ruiz-Gallardón, el Ejecutivo asume “el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea”.
Pese a que la autoridad no entregó detalles respecto de los cambios concretos que se aplicarán, esta promesa supondría dar a los jueces la competencia de “declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario y suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria” ya que la sentencia europea considera que la falta de esta potestad “es contraria” al derecho comunitario.
El titular de Justicia también señaló que la sentencia requiere de un análisis profundo antes de determinar el contenido de sus cambios lo que abre la puerta, según fuentes parlamentarias, a que el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de deudores hipotecarios vuelva a retrasarse de nuevo.
