El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de acusarlos de participar directamente en las iniciativas del tribunal para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ambos países.
Según el comunicado oficial los sancionados son Kimberly Prost de Canadá, Nicolas Guillou de Francia, Nazhat Shameem Khan de Fiyi y Mame Mandiaye Niang de Senegal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justificó las medidas en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14203, firmada en febrero por el presidente Donald Trump para “imponer sanciones a la Corte Penal Internacional“. Rubio indicó que estas sanciones responden a lo que calificó como “la politización, el abuso de poder y la extralimitación judicial ilegítima” de la CPI.
Asimismo, añadió que el tribunal representa “una amenaza para la seguridad nacional” y ha actuado “como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y su estrecho aliado, Israel”.
En el detalle, Rubio indicó que Guillou fue sancionado por “autorizar la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant“. De la misma manera, los adjuntos a la fiscalía, Shameem Khan y Mandiaye Niang, sufrieron penalizaciones por “seguir apoyando acciones de la CPI contra Israel, incluyendo el cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas“.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, festejó públicamente la decisión de Rubio a través de un comunicado: “Felicito a Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., por decidir imponer sanciones a los jueces (…). Este es un acto decisivo contra la falsa campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y a favor de la verdad y la justicia”.
Con estas nuevas sanciones, la administración Trump ha penalizado ya a ocho funcionarios de la CPI desde febrero, en represalia por las investigaciones que el tribunal lleva a cabo sobre posibles crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses e israelíes.
La CPI, con sede en La Haya y creada a través del Estatuto de Roma, tiene la misión de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio. Sin embargo, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte del tribunal y no reconocen su autoridad judicial.
