El Gobierno de Estados Unidos cumplió su advertencia e incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la denominada Lista Clinton. En el listado aparecen su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta actualmente investigaciones judiciales en Colombia. También figura el ministro del Interior, Armando Benedetti, uno de los más cercanos aliados del mandatario.
Creada en 1995, la Lista Clinton, conocida oficialmente Specially Designated Nationals (SDN) y elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, identifica a personas y entidades vinculadas con el lavado de dinero y el narcotráfico internacional.
Tanto OFAC como el Departamento del Tesoro pueden designar a individuos o empresas de manera autónoma, sin requerir la aprobación del Congreso. La inclusión en esta lista implica sanciones financieras inmediatas y el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Estados Unidos justificó la medida al afirmar que “el presidente Gustavo Petro ha desempeñado un papel en el tráfico ilícito mundial de drogas“. Según el texto, “la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord” y el gobierno habría “otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas“.
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) en el Informe Mundial sobre Drogas 2025, para 2023, el país registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale a dos tercios del total global (376.000 hectáreas). Ese mismo año, Colombia produjo 2.600 toneladas de cocaína, liderando su producción a nivel mundial.
El documento concluye con una advertencia directa: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia narcotráfico a nuestro país ni envenene a los estadounidenses“.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida se ampara en la Orden Ejecutiva 14059, destinada a sancionar a personas extranjeras implicadas en el tráfico de drogas. De tal manera, el anuncio profundiza las tensiones entre Washington y Bogotá, en un contexto marcado por sus visiones opuestas sobre la lucha antidrogas.
