El día lunes se dio a conocer, luego de varios rumores anteriores, que se realizará un censo abreviado el año 2017. De acuerdo a ello, el Gobierno ha optado por seguir las recomendaciones expuestas en el informe desarrollado por la comisión nacional, y hacer caso omiso a lo expuesto por la comisión internacional sobre el mismo punto. Esta última, concluyó que, pese a que la tasa de omisión de la medición resultó ser muy alta (9,3%) en comparación con los procesos anteriores, no sería recomendable repetir, ni complementar la medición. En este sentido, sería adecuado utilizar la información luego de que fuera corregida.
En estricto rigor, puede que las cifras definitivas que entregue el INE del Censo 2012, durante el presente año, sean “aptas” para su utilización en políticas públicas e investigaciones. Sin embargo, siendo más pragmáticos, estamos frente a un proceso que pudo haber sido, indudablemente, mejor en términos de alcance, y por tanto, haber entregado información más confiable sobre la población. Después de todo, el gran error del Censo 2012 fue más bien estratégico, y las dudas fundadas en torno a los datos sociodemográficos, a partir de los cuales se definen mediciones como el PIB per cápita, no pueden existir.
Al tratar de dilucidar si la decisión adoptada por el Gobierno es la más adecuada, tenemos que pensar en las alternativas posibles: arreglar o rehacer. No olvidemos que, inicialmente, se pensó en “reparar” el daño hecho. Lo verosímil es que en la práctica emergen, al menos, tres motivos por los cuales efectivamente resulta más oportuno “rehacer” el Censo 2012: reducir la tasa de omisión proveería información descontextualizada; utilizar los datos imputados de viviendas no observadas, no es recomendable, menos considerando la tasa de omisión resultante; y además, es necesario recuperar la confianza en el INE como institución de primer nivel para la elaboración de estadísticas, y no seguir exponiendo su reputación. En estos términos, la decisión que ha tomado el gobierno parece ser la más oportuna.
Lo cierto es que, pese a que las falencias del Censo 2012 han sido indicadas como “normales” por la comisión internacional, Chile está en condiciones de realizar un proceso más eficiente. En efecto, más allá de las implicancias políticas detrás de la decisión, la realización de un Censo abreviado el 2017 permitirá reducir muchas incertidumbres.
