A propósito del Censo abreviado que se realizará en nuestro país y que no incorpora preguntas sobre discapacidad, la directora nacional del INE, Ximena Clark, ha entregado argumentos razonables a esta exclusión. Sin embargo, la premisa fundamental de estos argumentos es en parte errónea. Ésta es, según la directora, que en 2016 se han dado a conocer los resultados del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, que permitirían conocer datos demográficos y, en general, la realidad de las personas con discapacidad en Chile. Sin embargo, la encuesta ENDISC II, tuvo errores metodológicos que en su momento fueron señalados incluso por la Comisión Asesora Presidencial nombrada por la Presidenta Bachelet, que no fueron acogidos por los organismos pertinentes. Debido a ello, es imposible conocer a partir de sus resultados, el número y características de personas con discapacidad intelectual en Chile. Un número significativo de ellas están institucionalizadas y no fueron consideradas en el Estudio como ha hecho ver la ONU en sus Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de Chile sobre la implementación de la Convención sobre Derechos de personas con discapacidad.
Los objetivos del Censo Abreviado son contabilizar y caracterizar a la población. En el caso de las personas con discapacidad intelectual no están ni contabilizadas ni caracterizadas por ENDISC II. Por otra parte, instrumentos muestrales y censales entregan información distinta y complementaria.
La inexistencia o equivocidad de datos duros es un factor más de invisibilización y fundamento de planes y políticas con importantes falencias en su diseño e implementación. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, es particularmente grave, pues es una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Hacia ellos debieran enfocarse con especial compromiso y seriedad esfuerzos y políticas públicas. Es de esperar que el próximo Censo los incluya.
