La reforma al sistema de pensiones anunciado por el gobierno es un atentado para la clase media. Independiente de que el gobierno quiera hacer creer que la cotización adicional es de cargo del empleador, esta debe verse como un impuesto al trabajo, especialmente en momentos en que el mercado laboral se encuentra ralentizado, en gran medida producto de la vorágine de reformas introducidas en el último tiempo.
Es de esperar que en el futuro cercano el trabajador medio de nuestro país no vea incrementos en su sueldo o incluso pierda su empleo por el ajuste que deban hacer las pequeñas y medianas empresas para mantener su competitividad.
Por otro lado, en Chile el ingreso imponible promedio de los casi 5,3 millones de cotizantes es cercano a los $715.000, sin embargo, cerca de 500.000 cotizantes no aportarían solidariamente el 2% de su ingreso ya que estarían topados por el máximo imponible. Un trabajador que gana $5.000.000 aportaría aproximadamente un 0.7% de su ingreso y un trabajador que gana $10.000.000 solo un 0.36%, ambos valores mucho menores al guarismo anunciado por la presidenta. En definitiva, quien está haciendo todo el aporte solidario es la clase media que no recibe beneficios ni subsidios.
Si el objetivo es realizar un alza en las pensiones vigentes, del mismo monto anunciado por el gobierno, será necesario redestinar los 1.700 millones de dólares anuales que costaría dicha reforma desde otras partidas presupuestarias, por ejemplo, la gratuidad universal en la educación, el aumento de dotación del Estado, etc.
Además, si se quiere realizar un ejercicio democrático, a muchos chilenos nos gustaría decidir quién administra el 3% de cotización adicional. Algunos preferirían la administración estatal y otros, en los que me incluyo, preferiríamos una administración privada.
