Usamos la energía para distintas actividades y sin ella es poco lo que podríamos realizar en el mundo moderno, sin embargo pagamos un costo que no aparece en nuestra cuenta bancaria: el de la destrucción de nuestra salud y medio ambiente. No toda la energía es igual.
El 90% de nuestra matriz energética está basada en quemar carbón, petróleo, leña y gas, lo que genera cerca de un 80% de gases efecto invernadero. Uno de los combustibles fósiles más contaminantes de la lista es el carbón, y cabe señalar que en Chile, del año 2008 al 2015, casi duplicamos la cantidad de carbón que utilizamos en generar energía.
Ya lo decía en el año 2006, ante 130 empresas eléctricas en Nueva York, la ex ministra de Energía y Minería, Karen Poniachik: “El costo de no tener energía es mayor al del cualquier otro“, haciendo alusión a que existe un compromiso gubernamental explícito por sacar adelante los proyectos de generación eléctrica, incluso con los costos ambientales que traigan aparejados y los altos precios que puedan significar.
De esta forma, se justificó aplicar una política obsoleta para carbonizar la matriz energética del país, ingresando entre los años 2006 y 2010 un total de 22 proyectos termoeléctricos, distribuidos en siete regiones, con la finalidad de construir 45 termoeléctricas a carbón y petcoke, como lo informaba el SEIA el 2008. Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, los proyectos votados por la entonces Corporación Regional de Medio Ambiente (Corema) -en su totalidad- obtuvieron aprobación en su proceso evaluación ambiental.
Un ejemplo de esta política sin escrúpulos fue la aprobación de la construcción de una cuarta termoeléctrica en la localidad de Ventanas-Puchuncaví, de la empresa norteamericana AES Gener, en una zona donde el instrumento de ordenamiento territorial permite solo áreas verdes. Victo bueno que fue rechazado por la Contraloría y la Corte Suprema, no obstante, en diciembre de 2009, bajo la administración de Bachelet, se aprobó el decreto que permitió burlar el fallo del máximo tribunal y finalmente construir la termoeléctrica Campiche.
Los altos costos socioambientales de este proyecto siguen siendo pagados por los habitantes de Puchuncaví y Quintero, así como de las demás zonas de sacrificio del país, que se han visto invadidas por la instalación de proyectos termoeléctricos a carbón, como Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel, territorios abandonados por un Estado indolente y sucesivos gobiernos sin voluntad política para cambiar esta funesta realidad.
Es por ello que la necesidad de que el país se abastezca de energía mayoritariamente mediante Energías Renovables No Convencionales (ERNC), teniendo las máximas ventajas geográficas posibles para construir ese rumbo, es un deber ético y político del Estado y sus gobiernos, que no pueden seguir subvencionando proyectos nocivos para la salud de miles de personas y destructor de ecosistemas. El apoyar y concientizar a la ciudadanía para que Chile llegue a la meta de tener un 100% de ERNC al año 2050, como lo enarbola la campaña de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, es la alternativa que impulsamos desde las organizaciones de la sociedad civil y a la que invitamos a adherir. Porque no da lo mismo cualquier energía.
