Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó las cifras de informalidad laboral del último trimestre 2019, revelando una tasa de ocupación informal de 30,4%, su valor más alto en los últimos 3 años.
Según estos datos, la informalidad se concentra en adultos mayores y mujeres (55,1% y 31,9%, respectivamente), parte de los grupos más vulnerables del país.
Por su parte, los trabajadores por cuenta propia representan el 49,7% del total de ocupados informales.
Sin duda, se trata de cifras preocupantes que podrían agudizarse dado el contexto social actual donde aumenta la informalidad y la precarización de las condiciones laborales y sociales.
Pese a lo extensivo del fenómeno, se trata de una problemática invisibilizada por muchos años y que no ha sido prioritaria para el diseño de políticas públicas que permitan dar mayor protección a este sector que representa a más de un millón de trabajadores.
Desde nuestra experiencia en Fondo Esperanza, donde trabajamos con 128 mil emprendedores de sectores vulnerables, vemos día a día los riesgos y desprotección a los que se enfrentan producto de la precariedad, tratándose en su gran mayoría de mujeres, informales y autoempleadas.
El trabajo por cuenta propia representa una alternativa para sacar adelante a familias completas. Sin embargo, no existe un marco de seguridad social que asuma las particularidades de esta realidad.
Ejemplo de ello son las mujeres emprendedoras que no cuentan con garantías que le permitan conciliar su trabajo con el cuidado de los hijos. Por ello, es clave que proyectos que hoy se discuten, como sala cuna universal y otros, consideren al sector informal.
Es imperativo que reconozcamos esta realidad como sociedad e impulsemos -desde el mundo público, privado y la sociedad civil- los cambios necesarios para la desprecarización de la informalidad, la eliminación de los prejuicios que conlleva y el reconocimiento de la dignidad de miles de mujeres y hombres que han visto en el emprendimiento una posibilidad de transformar sus vidas.
