Muchos han festejado el primer año de implementación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (TRM). Sin embargo, esta norma, promulgada el 2017, está lejos de ser 100% operativa.
Para cumplir sus objetivos, son necesarias varias acciones multidimensionales:
– Dos reglamentos, uno elaborado por el Ministerio del Interior y otro por el de Salud. El primero, posee errores técnicos, pese a que distintos actores, como COLMEVET y sociedad civil hemos hecho notar estos vacíos y ofrecido apoyo para mejorarlos. El segundo reglamento, aún no se encuentra disponible.
– La esterilización debe ilustrar los beneficios del control reproductivo, no sólo desde el punto de vista de la salud animal, sino también desde el impacto negativo de las mascotas en la fauna silvestre y el ambiente, donde la identificación con microchip y el registro en plataforma son fundamentales.
– Si el punto anterior no se asocia a un programa de control reproductivo, es difícil tener éxito, porque independiente de que no dejen descendencia, si pueden ser abandonadas cuando no tienen identificación permanente, aumentando el número de animales de vida libre y propiciando el maltrato (lamentablemente la norma permite la identificación a través de placa identificatoria). Esto incluye, una urgente capacitación y actualización a policías, jueces y fiscales en prevención del abandono y otras formas de maltrato animal.
– Dar continuidad, por parte de Municipios, a contratos de médicos veterinarios en zonas que carecen de ellos (Programa PVET). Es difícil que con 6 meses de contratación puedan establecerse programas coherentes y permanentes.
Como COLMEVET valoramos la ley, pero hay temas importantes que nos ponen en alerta, como la disminución en cerca de 2 mil millones del presupuesto para el programa de TRM, medida que puede tener consecuencias como el aumento de las mordeduras de perros, transmisión de enfermedades zoonóticas a humanos y otros animales, y aumento del abandono, entre otros.
Este tema no es sólo de amor a los animales y buena voluntad de los responsables, sino también de política pública. Evidenciamos que existen voluntades de mejorar, pero, queda un gran camino por recorrer: transversalizando, educando, monitoreando y re-evaluando la ley, para que no sea letra muerta.
