Desde el nacimiento de nuestra República, nuestra organización política territorial ha estado ideada desde una mirada centralizada en la toma de decisiones que ha hecho coherente el régimen político presidencialista con la administración del país, ello como herencia de la tradición monárquica de tiempos de la conquista y colonia española. En efecto, a pesar de que el territorio de Chile se caracterice por su heterogeneidad y grandes desigualdades de todo tipo entre las regiones del país, la respuesta del Estado chileno a esta problemática se ha materializado en un conjunto de políticas públicas dirigidas desde la metrópolis, lo cual representa una mirada administrativa – cultural del país desde el centro con bastante desconocimiento de la realidad diversa del territorio, adoptando básicamente un modelo “asistencialista” de apoyo. En tal sentido, los destinatarios de dichas políticas no han sido protagonistas en el diseño de las directrices que empujan hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida.
En efecto, el traspaso de conocimiento, recursos y competencias se ha realizado en general de manera gradual, pero sin conseguir terminar con los niveles de dependencia en relación al nivel central.
Lo anterior, es una de las razones por las que en Chile se ha promovido en las últimas décadas la discusión relativa a la necesidad de avanzar en la descentralización política, económica y social como, por ejemplo, se ha plasmado en leyes tales como la 21.073 de 2018, en la cual se organiza la elección del gobernador regional. Sin embargo, pareciera necesario pensar en la comunidad para comprender el para qué de la descentralización, en vista de los conceptos de desarrollo territorial e institucional.
Desde la perspectiva comunitaria y la sostenibilidad social de las políticas públicas, pareciera que la visión pragmática fundada en las lógicas de eficiencia y eficacia de la administración territorial no es razón suficiente para pensar el desarrollo orgánico de la nación, ya que el sentido de la política se fundamenta primero en la cercanía de las decisiones políticas sobre un territorio diverso desde lo cultural, social y geográfico.
Por ello, el desarrollo local se expresaría mejor en el objetivo de satisfacer las necesidades humanas fundamentales con una articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de la planificación con autonomía y una relación más horizontal de la sociedad civil con el Estado.
En consecuencia, la descentralización es sinónimo de revitalización de las comunidades del país, entendido por ello al barrio, el municipio, la provincia y la región. En definitiva, debemos aspirar a un orden territorial que signifique, en palabras del ideólogo de la economía social de mercado – Ludwig Erhard – crear las bases institucionales para un esfuerzo honesto de todo un pueblo que, basados en los principios de libertad, tenga la oportunidad de volver a aplicar la iniciativa humana, la libertad humana, la energía humana. En definitiva, la descentralización requiere primeramente de la voluntad de devolver la soberanía al territorio. Sin ello, razones más o menos, será inviable el proceso de descentralización en sus dimensiones culturales, políticas, administrativas y decisionales. Esta última requiere autonomía presupuestaria.
