El Gobierno presentó hace unas semanas en el Senado un proyecto de ley para combatir el crimen organizado, luego de que en lo que va de 2022 se hayan registrado más de 600 homicidios en Chile. Desde el Ejecutivo sostienen que los asesinatos este año se han dado en un marco de aumento de la violencia urbana que es provocada por organizaciones criminales y otras agrupaciones delictuales.
Dado el interés público en el país por el crecimiento del crimen organizado y bandas narcocriminales, que precisamente, comienzan y operan desde el interior de los recintos penales, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG) están planteando algunas propuestas e iniciativas sobre las que vale la pena reflexionar y analizar con el fin de atacar a estos delincuentes que operan tras las rejas y generar mayor tranquilidad en la ciudadanía, que ve todos los días como ocurren estos delitos y cada vez se hace más frecuente saber que algún conocido sufrió, por ejemplo, una “encerrona” en la calle o autopista.
Ambos gremios solicitan la habilitación de Establecimientos Penitenciarios de Alta Seguridad (EPAS) en que exista un régimen interno diferenciado para población penal de alto compromiso criminal, como líderes de bandas del crimen organizado y narcocriminales. Para cumplir con esto, también se necesita modificar el Decreto 518 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, artículo 28 que se refiere principalmente al traslado de internos, devolver la facultad del director o sus delegados regionales para autorizarlos en determinadas situaciones. En otras palabras, menos burocracia legal cuando sea por razones de seguridad que se originen estos movimientos de reclusos: agresión a funcionarios, amenazas o líderes de bandas, entre otros.
De igual forma, las asociaciones plantean que se necesita aumentar las condenas a los internos que agredan, atenten físicamente o amenacen a funcionarios en el ejercicio de su función o con ocasión de éste. Además, se debe implementar mayor cantidad de recursos en equipamiento de seguridad: uniformes, chalecos estandarizados, gas disuasivo, bastones y vehículos con estándares de seguridad (blindados) para el traslado y protección del personal para la función penitenciaría.
Por último, se debe aumentar el recurso humano y mejoramiento de la carrera funcionaría del personal de Gendarmería de Chile, desplazamiento en los grados, ascensos y aumento de vacantes en los grados superiores para incentivar las promociones y ascensos dentro de la institución. También, se sugiere extender la ley 17.798 para el personal de la planta 1 y 2 de Gendarmería de Chile que autorice el porte y uso de armas de fuego como componente de defensa personal.
