El negocio inmobiliario de la familia Allende

Las gestiones las inició el Ministerio de las Culturas el 5 de septiembre de 2024. Se concluyeron varios trámites y revisiones, y el lunes 30 de diciembre, en víspera de un nuevo año, las partes firmaron el contrato de compraventa de la casa de Guardia Vieja, sellando la voluntad de las partes. Y el último día del año, el Ministerio de Bienes Nacionales, anunció la buena noticia del futuro museo Salvador Allende. en la casa en que el ex presidente fue saludado por su triunfo en un lejano 4 de septiembre de 1970.

En un documento notarial firmado el 30 de diciembre, el abogado Felipe Vio Lyon, pareja de Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende, en representación de la familia Allende, se firmaba la compraventa de la propiedad con el Fisco.

Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional, señala que acá existió un error esencial, de proporciones, que supone ignorar cuestiones jurídicas elementales que ni siquiera son de rango legal, sino constitucional. Y la mejor prueba de que el Gobierno lo asume, es que se removió a la ministra de Bienes Nacionales que, como todo ministerio, propone los decretos respectivos al Presidente para que la SEGPRES les dé su visto bueno y el mandatario pueda firmar confiado.

“Por eso, para mí, la aceptación de la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales es un volador de luces, pero no aborda el problema de fondo”, agrega Peña.

En términos simples, a juicio de los parlamentarios opositores, el contrato por $933 millones que ambas suscribieron para la venta al Estado de la casa del ex presidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja -para convertirla en un museo- es inconstitucional por la condición de dos de sus propietarias.

Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogado, señala con claridad que “acá que hay un contrato y punto”, por más de 900 millones, que complica a la senadora Isabel Allende y a la ministra Maya Fernández, porque es inconstitucional que parlamentarios y ministros celebren contratos de este tipo con el Estado.

Tan efectivo es que se celebró dicho contrato, – señala Marisol Peña-, cuyo objeto era la venta de la casa del ex presidente Allende al Estado, que hoy el gobierno pretende “resciliarlo” (o dejarlo sin efecto), según el anuncio efectuado por la ministra secretaria general de Gobierno. “Y les recordaría que no se puede dejar sin efecto lo que no existe”.

Por lo tanto, no hubo un intento, sino que el contrato de compraventa se suscribió por cuatro personas ante una Notaría de la capital. Dos de esas personas, eran la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández.

Las explicaciones de Allende y Fernández fueron a todas luces insuficientes. Isabel Allende afirmó que actuó de buena fe y que su familia “nunca se ha visto envuelta en conflicto de intereses, lucros o negociados”. Y nadie cuestionaba su buena fe, sino la inconstitucionalidad del procedimiento.

La ministra Fernández apuntó a Vio, culpó a su abogado, pero cabe preguntarse señalando que: “Siendo ministra yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento”, pero le recuerdo que eso en ningún caso la desliga de su responsabilidad.

Por otro lado, los fantasmas de la casa de Allende remecieron al Gobierno y las críticas han ido hacia el presidente Gabriel Boric, a sus “blindados” equipos del Segundo Piso, a quienes se les encomendó hacer seguimiento del compromiso presidencial, a los funcionarios de la División Jurídica de Bienes Nacionales e incluso al último eslabón de esta cadena que fue la División Jurídica de la Segpres.

Y lo único que queda claro es que todos fallaron o podemos dar una explicación recurrente en este Gobierno: “Fue un error involuntario”.