Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) destituyó a la senadora Isabel Allende (PS) y puso punto final a una carrera de 31 años en el Congreso, a raíz de la fallida compraventa de la casa de su padre, el ex presidente Salvador Allende.
El organismo acogió los requerimientos del Partido Republicano y de Chile Vamos, que sostuvieron que vulneró la Constitución al ser parte de la operación que pretendía hacer el Estado con la propiedad de su familia, ubicada en Guardia Vieja 392.
Lo anterior, debido a que en la Carta Fundamental se establece la prohibición de que el Estado celebre contratos con autoridades, como la senadora Isabel Allende y la ahora ex ministra de Defensa, Maya Fernández, que son propietarias del inmueble.
Luego de que se diera a conocer el fallo del TC, Isabel Allende manifestó: “Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó“.
Fue en enero de este año que estalló una gran polémica producto de esta situación, la cual significaría un desembolso de $933 millones.
Debido a que la transacción infringía la Constitución por las razones ya señaladas, el Ejecutivo tuvo que dar pie atrás a la adquisición del inmueble que buscaba ser convertido en un museo, a pesar de que el proceso estaba avanzado.
Los caídos tras la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende
La primera en pagar los costos políticos fue la ahora ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, puesto que encabezaba la cartera que estaba a cargo de materializar la adquisición, de la cual no se alcanzó a firmar el decreto de aprobación final de la compra.
Tras ella, llegaría la renuncia de otro de los principales apuntados por la polémica: el asesor presidencial Leonardo Moreno. El abogado debía revisar, como representante del Ejecutivo, la operación que daba cuenta del pago de $933 millones a la familia Allende por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, a pesar de tratarse de un hecho contrario a la Constitución.
El asesor presidencial no advirtió los problemas legales que acarreaba esta transacción e hizo caso omiso a las advertencias que le realizó en su momento Marcela Sandoval, sobre la inconveniencia de seguir adelante con esta operación, asegurando que eran “problemas comunicacionales” que los vería Presidencia.
Por el otro lado se encontraban Maya Fernández, que por entonces era ministra de Defensa, Isabel Allende y su yerno, Felipe Vio, quien representó a los propietarios de la familia en el contrato con el Gobierno.
La ex titular de Defensa renunció a su cargo el pasado 10 de marzo, ad portas de la presentación de la acusación constitucional en su contra por infringir el artículo 37 bis de la Carta Magna. Pese a su salida, el trámite de la AC continuó en la Cámara de Diputados, aunque no prosperó y se rechazó en la Sala.
Finalmente, la última caída fue Isabel Allende, quien tuvo un rol protagónico en la iniciativa para vender la vivienda. De hecho, según consignó Ex-Ante, la senadora se reunió con representantes del Gobierno en Guardia Vieja y su yerno, Felipe Vio, quien estaba a cargo de la operación por parte de la familia.
