Cuando un chileno le dice “veámonos” a un extranjero, éste saca su agenda. Otro chileno, en cambio, responde “sí, de todas maneras”, dando por hecho que el encuentro no se concretará. Y ambos entienden lo mismo.
También ocurre con los clásicos “hablemos”, “te llamo” o “mándame el proyecto para echarle una mirada”. En chileno significa lo contrario a lo que decimos, y nadie se ofende, es cultural, no pasa nada.
Eso en lo cotidiano, en el trato interpersonal, pero donde sí pasa y sí genera efectos terribles, es en lo institucional.
Creemos que somos más inmaculados de lo que somos y nos impactamos cuando se hace patente una práctica ilegal o incorrecta, sólo cuando lo dictamina un juez, un fiscal o una contralora… aunque ya sabíamos que ocurría.
Esta hipocresía o autoengaño no es nada nuevo. Algo esboza ya María Graham en su afamada crónica de viajes por Chile en 1822. La británica quedó admirada de la sociedad local y agradecida por el trato recibido, pero deja un comentario sobre un nuevo Reglamento de Comercio y la recién estrenada Constitución: “Ni éstos ni aquélla parecen corresponder a su objeto… hay allí disposiciones tan contrarias al sentido común, que hasta un niño las notaría”.
Volvamos al siglo XXI y veamos qué ocurre con la nueva ley de Notarios y Conservadores: entró en 2018 al Parlamento, y tuvo discusión plagada de movidas dudosas (recordemos el episodio del micrófono abierto en el Senado). Además, a juicio de entendidos, esta ley salió sin dientes y a la medida del lobby de los interesados. Hubo siempre señales claras de que algo oscuro estaba ocurriendo, “que hasta un niño notaría”, pero al final la reforma se aprobó igual y seguimos cascando como si nada.
Pues bien, ahora que nos consta por una investigación del Ministerio Público y el OS7 de Carabineros que la trenza entre parlamentarios, jueces y notarios y conservadores, con pagos de mesadas, ayudas de plata, favores cruzados y pegas a familiares de quienes votan por los nombramientos es un infierno, ponemos el grito en el cielo.
Siempre lo supimos, tuvimos todas las señales, pero algo, quizás esa autocomplacencia de creernos impolutos y “no como nuestros vecinos”, nos impidió hablar claro, detener la corrupción y actuar como decimos que hay que actuar.
Sugiere Claudio Agostini, académico especialista de la UAI, que “tal vez no sería una mala idea que la Fiscalía tuviera acceso a las cuentas corrientes de todos los notarios, conservadores y parlamentarios para revisar sus transacciones”. Habría que agregar los jueces, ya que sabemos que algunos venden sus fallos.
¿Seamos cínicos en serio? ¿Nos convendrá tan temeraria acción de transparencia? ¿No saldremos demasiado damnificados de tanta verdad?
Por ahora propongo congelar de inmediato el ejercicio de notarios y conservadores que sean parientes directos de jueces, parlamentarios o de otros notarios y conservadores, hasta examinar sus procesos de nombramiento y sus méritos. La lista es inmensa, gente misteriosamente intocable y obviamente millonaria. Es un escándalo que por algo no queremos enfrentar. Y ocurre hoy.
Es una olla de grillos y daña la credibilidad de las instituciones fundamentales de nuestra tan averiada democracia.
¿Estamos preparados para ver una caja de pandora que podría hacer palidecer la que abrió Hermosilla? ¡Mejor dejémoslo ahí!.
