“No es justo para las mujeres de Chile permitir que el caso Monsalve nuble o borre todos los avances que logramos como gobierno”. A un día de dejar el poder, las recientes declaraciones de la ministra Vallejo sobre el caso Monsalve no solo resultan políticamente desafortunadas. Retratan con claridad algo más profundo: la concepción instrumental del feminismo que ha marcado buena parte del discurso del gobierno saliente. Este no es simplemente un error comunicacional. Se trata claramente, de una forma de entender la política y la causa feminista que revela una matriz doctrinaria muy específica.
Bajo esta lógica, las mujeres no aparecen como fines en sí mismas, titulares de dignidad y derechos propios, sino como piezas de una estrategia mayor. Su “emancipación” importa solo en la medida en que contribuya al objetivo político superior, que es disputar el poder al capitalismo y a la democracia liberal. Cuando eso ocurre, el feminismo se vuelve bandera. Cuando no, se vuelve silencio (citando a Kirkwood). Y si quedaban dudas sobre esta estrategia, el episodio Monsalve fue una prueba decisiva de incoherencia.
Durante años escuchamos al oficialismo afirmar que “la credibilidad de las víctimas” debía ser un principio rector de la política pública. Sin embargo, cuando el caso afectó a una figura central del propio gobierno, ese principio desapareció de escena. La reacción fue tardía, ambigua y marcada por una evidente preocupación por los costos políticos. Lo mínimo esperable de un gobierno que se definió como feminista habría sido asumir responsabilidades políticas claras. Y en caso de fallar, sus ministras, Vallejo, Orellana, Tohá, debieron hacer el punto. Bachelet debió hacer el punto. Renunciar a sus cargos, quitar apoyos políticos, alzar la voz, convocar, inspirar. Nada de eso ocurrió. Asistieron como cómplices silentes de una penosa estrategia comunicacional, que terminó dañando a la propia víctima, erosionando la credibilidad de los estándares que el oficialismo decía defender, y exacerbando el anti feminismo en parte importante de la ciudadanía.
El problema, desgraciadamente, no termina ahí. La paradoja mayor del balance feminista de esta administración es que su principal avance concreto, a juicio de muchos, que es la ley de conciliación laboral y teletrabajo, terminó aprobándose a pesar del marco ideológico del gobierno y no gracias a él. Para buena parte de la izquierda que ha hegemonizado el discurso feminista en los últimos años, la flexibilidad laboral es casi un concepto sospechoso (en cuanto discriminatorio). Se asocia de inmediato con precarización, abuso o desregulación. Desde ese prisma, les resulta muy difícil reconocer legitimidad y sobre todo, valor, a algo que muchas mujeres sí experimentan en la práctica: ciertas formas de flexibilidad pueden ampliar su autonomía, permitir una mejor organización del tiempo familiar y facilitar su permanencia en el mercado laboral.
El avance legislativo solo fue posible cuando el debate logró desplazarse desde la retórica conceptual hacia acuerdos pragmáticos y transversales. Muchos de quienes participaron en la discusión han dado cuenta de cómo fue preciso cuidar las palabras, moderar los conceptos y buscar un lenguaje común que permitiera construir mayorías mínimas. Todo con suma precaución y guante blanco para no espantar al feminismo ideológico oficialista que podía descartar el proyecto de plano si llegaba a escuchar la expresión “trabajo flexible”. Ese contraste, ese temor a ser canceladas, resume bien el legado feminista del gobierno de Boric. Mucho discurso moralizante, abundante superioridad retórica y, al final del día, pocos avances concretos que resistieran la prueba de la realidad.
El feminismo que Chile necesita es exactamente lo contrario de ese modelo. Uno que no utilice a las mujeres como herramienta de un proyecto político e ideológico, sino uno que parta de una convicción mucho más simple y exigente: las mujeres son fines en sí mismas. Ninguna causa política, por noble que se declare, puede tratar su dignidad como un medio.
