Un lienzo con el Presidente Kast apuntado con una pistola en la cabeza en el Instituto Nacional. Un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas. El exconvencional Rojas Vade es encontrado maniatado y con consignas de violencia política escritas en su cuerpo. Ataques con piedras a autos y transeúntes durante el cambio de mando.
Mientras tanto, Pamela Jiles, tras perder democráticamente la presidencia de la Cámara, anuncia: “en la medida que Kast se mantenga en la línea correcta, colaboraremos como corresponde, pero si se sale un ápice de eso, por supuesto que me veré obligada a hacerle la vida a cuadritos”.
Y sin embargo, la saliente administración Boric insiste en que entrega un país “normalizado”. Un relato que frente a estos hechos, realmente se cae a pedazos.
Serán las reacciones a estos episodios los que marcarán el tono del escenario político que enfrentará Chile en los próximos años. Mucho se le perdonó al gobierno saliente por su coqueteo con la violencia en el estallido social. Hubo mea culpas tardíos y llamados a moderar el clima político solo después de haber gobernado con un discurso confrontacional y haber perdido el plebiscito constitucional. Tras el frenesí de la Convención, el propio Gabriel Boric justificó la derrota señalando que “no puedes ir más rápido que tu pueblo”, apelando a la necesidad de calma.
Pero esa calma parece haber durado solo hasta el 11 de marzo.
Esto es preocupante, porque toda democracia descansa en una premisa básica: el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando ese principio se debilita, los problemas y la política dejan de resolverse institucionalmente, y la sociedad retrocede a la ley del más fuerte.
Ese consenso mínimo, de condena transversal de la violencia, es efectivamente el avance civilizatorio más importante de una democracia. Y cada vez que ese acuerdo se debilita, la historia chilena muestra lo rápido que el sistema político entero puede tambalear, siendo el último gran ejemplo la situación detonada tras el 18 de octubre de 2019.
En una democracia, los conflictos se resuelven dialogando y, en última instancia, votando. Por eso las democracias sólidas protegen con especial cuidado la libertad de expresión y el derecho a voto. Pero estas libertades solo pueden ejercerse en entornos y por medios pacíficos. La violencia, por el contrario, no busca persuadir, sino silenciar al adversario. El filósofo Jorge Millas advertía que la violencia política tiene precisamente ese objetivo: anular al otro mediante el sufrimiento.
Así, la clase política tiene hoy una responsabilidad básica: condenar sin ambigüedades cualquier forma de violencia política, venga de donde venga. La buena noticia es que el proyecto de Reforma al Sistema Político exige que los partidos incluyan en su declaración de principios la condena al uso o promoción de la violencia como método de acción política. La mala noticia es que esa reforma no alcanzó a aprobarse antes del término del gobierno, por lo que su destino queda en suspenso en manos del nuevo Congreso.
Habrá que ver entonces si la política chilena realmente aprendió algo en estos años turbulentos, porque cuando la violencia se instala, nadie controla sus consecuencias. Y cuando finalmente se desata, nadie se salva.
