Con independencia del desenlace del proyecto de sala cuna, la discusión ha dejado al descubierto un fenómeno preocupante. Es natural, que exista discrepancia sobre cómo promover la equidad sexual porque el debate remite a convicciones de fondo. Para algunos, el objetivo es aumentar la participación laboral femenina; para otros, desfamiliarizar el cuidado y entregar al Estado un rol sustituto. Otros creemos que la corresponsabilidad sexual, antes que la participación, es el objetivo. Hay quienes sostienen que estos asuntos deben discutirse coordinadamente con educación inicial, natalidad, o crecimiento; otros, que son cuestiones separadas. Lo inquietante no es la discrepancia. Tampoco sorprende (aunque canse), la instrumentalización política del “tema mujer”.
La novedad que preocupa hoy es la reacción frente al disenso de ciertas organizaciones que afirman que las objeciones al proyecto son fruto de ignorancia o falta de compromiso con la causa femenina. Se dice que los cuestionamientos llegan a abrir flancos innecesarios, poniendo en riesgo una propuesta que “debe ser cuidada”. La descalificación no adopta la forma estridente de la exclusión explícita. Es más sutil: se expresa en el apego exclusivo a las cifras, en la insinuación de que quien duda no comprende la evidencia, en la sospecha de que cuestionar la sala cuna equivale a desconocer la realidad femenina. No es una cancelación ruidosa, sino una forma nueva —y más sofisticada— de superioridad moral. Con esta actitud, ciertas organizaciones incurren en una doble incoherencia. Por una parte, reproducen la lógica excluyente de ciertos feminismos. Por otra, reducen un problema humano y cultural de enorme densidad a una mera ecuación, como si la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres pudiera resolverse por planilla. Es la combinación menos virtuosa de dos mundos: la intransigencia del activismo y el estrechamiento del economicismo.
La derogación de la norma actual se presenta como un fin en sí mismo, porque al asociar el costo de la sala cuna solo a las mujeres, ello desincentiva su contratación. Pero este argumento, que permite afirmar que la norma actual es sexista, no alcanza para justificar la introducción de un sistema universal de cuidados: un diseño cuyo costo y financiamiento es improbable a la luz de experiencias fallidas como las de Canadá.
Una mala política pública no se revierte por derogar la ley que la creó, ni convierte de suyo al sistema de reemplazo en una buena alternativa. Por el contrario, una norma que cubre sala cuna solo hasta los dos años del niño y no cuenta con recursos para cuidar con calidad, crea expectativas que se verán frustradas y adormece conciencias clausurando el debate. Los promotores del proyecto tampoco aceptan que el escenario económico actual es distinto del considerado por Piñera en el diseño original. Ni que la pandemia situó a la corresponsabilidad sexual por el cuidado en el hogar, desplazando al dogma añejo de la cobertura asistencial. Tampoco quieren reconocer lo evidente: al priorizar el avance de otras reformas con fuerte impacto laboral—40 horas, salario mínimo, pensiones— tácitamente se supeditó la sala cuna a otras necesidades sociales.
Hay razones distintas de la ignorancia y del sexismo para estar en contra del proyecto. Con recursos escasos, insistir en la sala cuna hoy supone asumir que la desfamiliarización institucional es la vía exclusiva de apoyo estatal al cuidado. Pero en democracia, se deben reconocer y apoyar múltiples formas de organizar el cuidado. Los feminismos democráticos también necesitan algo más exigente que unanimidad: necesitan pluralidad. En este sentido, resulta paradójico que la nueva actitud de cancelación, aunque sutil, provenga hoy de organizaciones que nacieron en parte para demostrar que la discusión sobre mujeres no era patrimonio de un color político. El riesgo actual es que la hegemonía feminista cambie de signo, pero conserve intacta la lógica: solo ciertas posiciones serían auténticamente feministas; las demás quedarían bajo sospecha. En este mes de marzo, recordemos nuevamente que nada hay más patriarcal que negar a las mujeres el derecho a disentir sobre cómo organizar el cuidado y, en general, sus vidas.
