Se repite hasta el cansancio: vivimos tiempos de desinformación que ponen en jaque a la democracia. Nuestras mentes capturadas por redes actúan como cajas de resonancia; nuestros sentidos engañados por tecnologías replican pseudo-realidades tan fantásticas como indetectables. ¿Queda esperanza para la verdad y la sensatez cuando no es fácil distinguir entre realidad y apariencia?
Creo firmemente que la respuesta es afirmativa porque, aunque certero, el diagnóstico es parcial. El ecosistema favorece la desinformación, ella es el efecto y no la causa de un problema del que no somos meros espectadores sino protagonistas. La democracia enfrenta una combinación nociva de audiencias no entrenadas para discernir, y comunicadores que han perdido la capacidad —y a ratos la voluntad— de distinguir entre opinión, evidencia e información. En este sentido el problema continúa siendo profundamente humano. ¿Cómo avanzar?
Para comenzar, parece conveniente desmontar dos mitos. Primero, para enfrentar la desinformación no es preciso renunciar a defender con pasión lo que creemos, ni menos aún, lo que sabemos. A diferencia de lo que se suele afirmar, lo que amenaza democracia no es la existencia de opiniones fuertes, sino la abundancia de opiniones irracionales. Segundo, el combate a la desinformación no se agota en garantizar el derecho de opinión y la libertad de prensa. Las opiniones y el pluralismo son necesarios pero no alcanzan por sí solos para defender la democracia. Ambos necesitan que la conciencia ciudadana se forme libremente a partir de una base mínima de verdad compartida, una que no clausura el debate libre sino que es su condición de posibilidad. Esta verdad democrática no consiste en una doctrina cerrada, sino en la práctica constante de la deliberación honesta, la distinción entre hechos y opiniones, y el reconocimiento de los límites del saber propio.
Parte de la confusión actual proviene de una democratización mal entendida del debate público que ha nivelado todo discurso bajo una misma categoría. Es necesario rectificar. Informar —transmitir hechos verificables— no es lo mismo que opinar, que supone interpretar esos hechos desde una posición subjetiva. Mentir implica falsear u omitir deliberadamente, pero también miente quien presenta la opinión como si fuera información, o selecciona hechos caprichosamente para servir a una causa que calla. La mentira erosiona la calidad del debate pero, sobre todo, la libertad de quienes participan en él. Por eso, no necesitamos pensar lo mismo, pero sí necesitamos compartir el compromiso con la veracidad.
El asunto es crítico en educación. Quien educa debe entregar información, pero sobre todo herramientas para que el niño aprenda a pensar por sí mismo. Algo similar ocurre en el espacio público: los medios tienen líneas editoriales legítimas, que no deben confundir con la información que entregan. La política, aunque busca persuadir, tampoco queda eximida de su compromiso ético con la verdad. Cuando la distinción entre opiniones y hechos se diluye, emergen las lógicas propias de la desinformación: selección interesada de datos, simplificación extrema de problemas complejos, construcción de adversarios morales más que de interlocutores y, en último término, sustitución de la deliberación por la consigna.
En tiempos de desinformación, redes e inteligencia artificial, conviene recordar que una democracia sólida no depende solo de sus instituciones, sino de ciudadanos capaces de distinguir, matizar y juzgar. Y esa capacidad no es automática: se forma. Lo que hoy amenaza a la democracia informada no son las convicciones personales, sino la incapacidad de hacer distinciones racionales y honestas. Diferenciar cuándo informamos y cuándo interpretamos y no insistir mañosamente en dudar de la evidencia.
