En 1827, en los albores de la República, un diario advertía sobre el deterioro de la figura presidencial: “Habéis hecho de él un hombre nulo, y por esto solo habéis lastimado en lo más vivo la dignidad de la nación que él solo representa” (citado en CID, GABRIEL. 2019. Pensar la revolución. Historia intelectual de la independencia chilena. Ediciones UDP, p. 220).
En efecto, en una democracia, la autoridad no es un sujeto aislado, sino quien encarna la representación del conjunto de la ciudadanía. Por eso, atentar contra ella no es un acto neutro: es, en los hechos, un atentado contra todos. Cuidar la democracia supone resguardar a quienes ejercen legítimamente el poder, pues cuando la violencia se impone sobre las instituciones, los ciudadanos quedan desprotegidos.
En esa línea, resulta especialmente iluminadora la reflexión de Hannah Arendt en Sobre la violencia: “La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso, acaba por hacerlo desaparecer […] La violencia puede destruir al poder; es absolutamente incapaz de crearlo”. Lejos de fortalecer la autoridad, la violencia la erosiona y, con ello, debilita las bases mismas del orden democrático.
Por lo mismo, cabe valorar la rápida reacción de la ministra de Seguridad Pública al anunciar querellas por los atentados contra la autoridad. Lo ocurrido en la Universidad Austral no constituye un ejercicio de libertad de expresión ni una forma legítima de oposición, sino la comisión de delitos en contra de una ministra de Estado que asistía a una actividad conmemorativa.
La reacción es importante porque la experiencia demuestra que la inacción tiene costos. Sin ir tan lejos, en 2008, cuando en el Liceo Darío Salas la estudiante María Música Sepúlveda, le tiró un jarro de agua a la ministra de Educación, Mónica Jiménez, la reacción de la autoridad fue casi nula. La escolar se mantuvo en su colegio. La ministra propuso ponerle un tutor. Y la madre de la menor pidió no criminalizar a su hija y consideró grosero que se le asignara un tutor. La autoridad familiar, la autoridad escolar y la autoridad estatal, todas cedieron a la violencia o la abordaron tibiamente.
Dieciocho años después, los efectos de esa permisividad son evidentes. La violencia ha escalado en liceos y universidades; los “overoles blancos” se han tomado establecimientos emblemáticos; una inspectora fue apuñalada y asesinada en Calama; y ahora una ministra de Ciencias ha sido retenida ilegalmente y agredida físicamente.
Con todo, es probable que estos hechos queden impunes. Por ello, resulta indispensable avanzar hacia medidas efectivamente disuasivas. El gobierno ha propuesto nuevas agravantes penales y la sanción de pérdida de la gratuidad; desde la oposición se exploran medidas como la pérdida de beneficios estatales. Asimismo, debiera evaluarse la responsabilidad de las autoridades universitarias que, en el mejor de los casos, no ejercieron su deber de resguardo, y en el peor, toleraron pasivamente la violencia. También es necesario fortalecer los mecanismos para perseguir pecuniariamente los daños a la infraestructura educativa, ya sea respecto de los estudiantes involucrados o, subsidiariamente, de sus padres.
Recuperar la autoridad de las familias, de los establecimientos educacionales y del Estado, es una condición básica para el bien común. Porque cuando se ataca a quienes representan el gobierno de la gente, se ataca a la comunidad en su conjunto. Y cuando el Ejecutivo pierde capacidad de gobernar, es Chile entero el que termina perdiendo.
