Un reciente informe de la Contraloría establece que la Universidad de Chile podrá implementar sanciones y abrir sumarios tanto a alumnos como profesores que respalden manifestaciones estudiantiles.
La resolución responde a una solicitud planteada por el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la “U”, Manuel Agosín, acerca de la legalidad de las protestas.
Como consigna The Clinic Online, la Contraloría parte subrayar que los académicos de la Casa de Bello son funcionarios públicos, los que de acuerdo a la Constitución “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, calidad que revisten los referidos empleados”.
El ente contralor pasa a recordar la normativa que rige a la Universidad de Chile, manifestando que ésta “prohíbe a los funcionarios dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos del… Estado”.
Finalmente Contraloría recuerda que tanto el Decano Agosín como el Vicerrector Académico de la Universidad, cargo ocupado actualmente por Patricio Aceituno, tienen la facultad de instruir sumarios a los estudiantes que participen en las movilizaciones, así como aplicar sanciones derivadas de tales sumarios, enfatizando, sí, la importancia de respetar el debido proceso.
