Un nuevo frente se abre para la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) en relación con su accionar tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. Ahora, ante nuevas situaciones detectadas por la Contraloría General de la República, el organismo inició una serie de procesos disciplinarios.
Las investigaciones, relacionadas con el manejo de las donaciones tras la catástrofe, fueron notificadas a los ministros del Interior, Telecomunicaciones, Segpres y otros ocho altos funcionarios de distintas reparticiones vinculadas con el organismo de emergencia.
De acuerdo a lo publicado por La Segunda, uno de los casos es el de la empresa japonesa Tadano, quien facilitó al gobierno tres vehículos con grúas, a fin de ayudar en los trabajos de demolición y reconstrucción. Estos fueron recibidos por la Onemi el 2 de junio de 2010, pero estuvieron 14 meses estacionados debido a problemas burocráticos.
Luego, en agosto de 2010, los camiones se traspasaron a las municipalidades de Talca, Talcahuano y Rancagua. Pero allí tampoco fueron usados. En la capital de la VI Región, por ejemplo, el impedimento fue que no se renovaron los seguros. En la región del Biobío, no había operadores calificados, incluso a pesar de reiteradas peticiones de capacitación hechas a la Onemi.
Esos hechos podrían configurar una infracción a la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los agentes estatales, entre otros, el principio de celeridad en su acción.
Otro caso denunciado corresponde al de la empresa Samsung, que donó US$ 500.000 para “financiar la compra de equipamiento de una red de telecomunicaciones para un sistema regional de alerta temprana en la Región del Biobío”.
Las bases de la licitación para implementar este sistema estuvieron listas sólo en 10 de noviembre 2011, a pesar de que un asesor de Telecomunicaciones las había solicitado ya en agosto, como consta de un correo electrónico enviado a la Onemi. El proyecto se adjudicó, recién este año, a la empresa Gallyas. El trámite de toma de razón ante la Contraloría tuvo lugar a fines de marzo, por lo que una vez finalizado éste se pusieron en marcha los trabajos.
En éste caso también se configura la “falta de celeridad” de la ley de Bases Generales, considera el organismo contralor.
