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Caso Degollados: Hijos de las víctimas protestaron por beneficios a condenados

Manuel Guerrero y Javiera, en representación de las familias de las víctimas, indicaron que si la Corte Suprema no rectifica su decisión, concurrirán a organismos internacionales para pedir la suspensión de beneficios a los condenados.

Manuel Guerrero y Javiera Parada, en representación de las familias de las víctimas del caso Degollados, llegaron hasta los tribunales para protestar la decisión de Corte Suprema por conceder salida dominical a coronel (r) Guillermo González Betancourt y el sargento (r) José Fuentes Castro, condenados como autores de los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en 1985.

Guerrero y Parada denunciaron que el máximo tribunal no consideró la gravedad de los delitos cometidos y los antecedentes de mala conducta de los ex uniformados en Punta Peuco.

Manuel Guerrero evidenció su “indignación, porque nos sentimos lesionados y agraviados moralmente por este fallo de la Corte Suprema que en forma indecorosa, irregular, beneficia a asesinos de lesa humanidad, esta democracia se conquistó gracias a la lucha de muchos y muchas que salieron en las calles en plena dictadura a exigir justicia”, según declaraciones recogidas por Canal 13.

Además, dejó en claro que “vamos a ir a organismos internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a pedir rectificación a la Corte Suprema, que se reúna en pleno extraordinario a revisar este abominable fallo. Si es que en Chile el informe Valech reconoció y calificó más de 60 mil casos de tortura, si el informe Rettig reconoce más de 3 mil ejecutados y desaparecidos, pero solamente alrededor de 60 criminales estén presos y habiendo impunidad se quiere liberar a los pocos que están presos, no lo vamos a permitir en nombre de nuestros muertos y de nuestros vivos”.

Una visión similar tuvo Javiera Parada, quien declaró que “se nos ha pedido a quienes fuimos víctimas de las violaciones a los derechos humanos que hagamos un gesto de reconciliación y perdón”.

“Nosotros exigimos a quienes fueron responsables de la barbarie y del odio que no vulneren los consensos básicos de convivencia democrática. Y eso significa que en Chile nunca más el aparato de Estado esté al servicio de un sector para exterminar y amedrentar a otro sector de la población”, sentenció.

 

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