Una investigación realizada por el Instituto de Política Liberal y patrocinada por el Movilh, indagó sobre el nivel de cumplimiento del artículo 1 de la Ley Zamudio (promulgada hace más de un año), que obliga a “cada uno de los órganos de la administración del Estado” a “elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona”, la no discriminación arbitraria.
Los resultados arrojaron que el 35,14% de los órganos del Estado no ha implementado ninguna medida con este objetivo, ubicándose en esta categoría carteras relevantes como los ministerios de Educación, del Trabajo, de Economía, de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, entre otros.
Otro 34,87 % sólo ha declarado intenciones de avanzar hacia la no discriminación, destacándose en este grupo, la Secretaría General de la Presidencia, los Ministerios de Justicia, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Finalmente, sólo un 24% demostró haber implementado medidas concretas en torno a la no discriminación, destacando en este grupo los ministerios de Salud, Defensa, Secretaría General de Gobierno y el Servicio Nacional de la Mujer.
Por su parte, el ministerio del interior no reportó antecedentes sobre la manera como estaba aplicando la Ley Zamudio, en particular a través de las intendencias.
Los datos fueron obtenidos mediante preguntas a organizaciones sociales y a los organismos públicos, siendo consultados estos últimos mediante la Ley de Transparencia.
El vocero del Movilh, Óscar Rementería, comentó que “no deja de llamar la atención que el Ministerio de Educación, una cartera clave para promover la no discriminación en los planos sociales culturales, no registre ningún avance en esta materia, lo que es lamentable”, puntualizó.
