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25 de Septiembre de 2013

Indignados: Comunidades de Huasco repudian decisión del SEA de contratar a Jorge Bofill

Las comunidades de Huasco exigen que "los fondos públicos sirvan para defender el patrimonio ambiental, social y cultural de nuestro país, o sea el derecho de todo ciudadano y ciudadana a la salud, a la educación, a las propias formas de desarrollo, a un medio ambiente libre de contaminación".

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El conjunto de organizaciones agrupadas en torno a SOS Huasco, Huasco Consciente y el Movimiento socioambiental del Valle del Huasco rechazaron la contratación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de los servicios del abogado, Jorge Bofill, “para respaldar a Endesa S.A. en la inaceptable aprobación y construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde en nuestro Valle del Huasco, ya saturado de contaminación y muerte”.

Tras señalar que la termoeléctrica Punta Alcalde no es viable en nuestro territorio, agregaron que “así lo determinaron los informes técnicos y las autoridades ambientales de la región de Atacama, luego de 40 meses de acucioso análisis del proyecto. Sin embargo el Comité de Ministros, desoyendo a sus propios funcionarios y de manera ilegal y arbitraria, aprobó la construcción de la Central termoeléctrica a carbón de Endesa. Ante este atropello, las comunidades recurrimos de protección, y la Novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, de manera unánime, nos encontró la razón”.

“La empresa y el SEA se negaron a aceptar este fallo y apelaron a la Corte Suprema. Ante el máximo tribunal de la República, nuevamente el Estado da muestras de escuchar solo a las empresas, hasta el punto que para la aprobación del proyecto termoeléctrico, contrató a Jorge Bofill y desestimó a sus propios abogados“, agregan. 

Las comunidades subrayan además que “el señor Bofill es el mismo abogado que actualmente defiende a Pablo Alcalde principal responsable de la enorme estafa realizada a miles de chilenos y chilenas por La Polar. También, se ha caracterizado por defender los intereses de grandes grupos económicos. Ahora, el Servicio de Evaluación Ambiental, lo contrata con recursos de todos los chilenos, para defender los intereses de Endesa contra las comunidades de la provincia de Huasco. La situación es absolutamente indignante. El Estado dispone de una planta de abogados competentes para defender los intereses del país, pero como lo que está en juego es defender los intereses de una transnacional, se recurre a los servicios de un abogado externo, acostumbrado a ponerse del lado de los intereses del sector privado.

“Exigimos que los fondos públicos sirvan para defender el patrimonio ambiental, social y cultural de nuestro país, o sea el derecho de todo ciudadano y ciudadana a la salud, a la educación, a las propias formas de desarrollo, a un medio ambiente libre de contaminación, en fin, a la vida”.

Con todo admiten que “no existen mecanismos jurídicos o administrativos para impugnar esta forma de operar del Estado, pero confiamos en la capacidad de la denuncia, en la importancia de que nos sigamos escandalizando con este tipo de situaciones, porque de esa manera, y no de otra, dejará de sembrarse la muerte.

Los habitantes de Huasco reiteran su rechazo a la central Punta Alcalde y a “la corrupción que promueven las grandes empresas, no a un Estado que trabaja para los grandes grupos económicos”.

Rechazamos rotundamente la instalación de la termoeléctrica Punta Alcalde o de cualquier otra termoeléctrica en nuestras comunidades por considerarlas nocivas para la salud humana, además de sumistrar energías sucias a las megamineras que destruyen los valles fértiles de Chile”, puntualizan.

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