Con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de 20 organismos públicos, el gobierno presentó la “Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo” cuyo propósito es elevar las barreras de la economía chilena frente a ambos delitos.
La Estrategia Nacional Antilavado fue formalizada con la firma de un convenio marco de implementación, suscrito por las autoridades de los 20 organismos que, durante un año y medio, participaron en su diseño.
A través de la creación de una Comisión Técnica Intersectorial se coordinarán los esfuerzos que las instituciones participantes, dependiendo de su ámbito de acción, desarrollan en prevención, detección o persecución penal del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Con ello se espera elevar las capacidades investigativas, facilitar a los organismos pertinentes accesos a amplias bases de datos con información relevante, desarrollar acciones preventivas y fortalecer la detección de operaciones de blanqueo de fondos ilícitos.
Según estimaciones del FMI, anualmente se lava el equivalente a entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Chile no es la excepción: entre 2007 y el primer semestre de 2013 se han dictado en el país 54 sentencias condenatorias por lavado de activos, las que involucran a 108 personas. El narcotráfico es el principal delito base que ha originado las operaciones de blanqueo; sin embargo, también se han detectado casos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y trata de personas.
Con la puesta en marcha de esta estrategia se busca proteger el activo reputacional de Chile, en términos de estabilidad social, económica y financiera, clima de negocios, bajos niveles de corrupción y atracción de inversiones. Asimismo, la iniciativa posiciona al país entre la vanguardia de naciones que está respondiendo a las nuevas exigencias internacionales emitidas por del Grupo de Acción Financiera (GAFI) -al que pertenece la mayoría de los países OCDE- en orden a implementar Estrategia Nacionales como la herramienta más idónea para combatir al crimen organizado.
