La defensa del programa de gobierno de Michelle Bachelet, asumido por la Nueva Mayoría, coalición gobernante que vino a reemplazar a la antigua Concertación, parece haberse radicado al PPD, dirigido por el senador Jaime Quintana. Y ésta parece ser una lucha a brazo partido, mientras surgen voces dentro de la coalición, que se cuadran con lo planteado ayer por el ex diputado Gutenberg Martínez, quien indicó que siempre se supo que “todos sabíamos que no se iba a poder” cumplir con las promesas de campaña, junto con sentenciar de irresponsable a la Nueva Mayoría, la que habría perdido su “mayoría”.
De la “priorización” se pasó a la “jerarquización” de objetivos planteada por la mandataria el pasado viernes, quien manifestó que se concretará con “gradualidad” el programa de gobierno.
Quintana –autor de la tan potente como criticada metáfora de la retroexcavadora, que graficaba el ánimo refundacional que traería la actual coalición gobernante– insistía desde el sábado que “lo peor que puede hacer la Nueva Mayoría en este escenario es apretar el botón de pánico”. Esa insistencia hoy, según El Mercurio, será planteada mediante un documento del PPD ante los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre.
Son 10 páginas en las que se indica que si bien el escenario económico es desfavorable, no es una “catástrofe (…) provocada por diagnósticos y decisiones políticas irresponsables”. Aseguran que no se debe renunciar al programa que triunfó en las pasadas presidenciales. No obstante, lo más fuerte es que, según el escrito, como el PPD fue un actor relevante para construir la propuesta de reformas “alterar lo comprometido sería un duro golpe que podría afectar no solo en nuestra relación con el mundo progresista que representamos, sino también la proyección de la Nueva Mayoría”.
Estos dichos son matizados al asegurar que están de acuerdo en la jerarquización de proyectos, pero que la reforma educacional, por ejemplo, es “impostergable” ya que la gratuidad universal y calidad garantizada con miras al 70% en el 2018 sería posible “si se reconoce a esta como la inversión prioritaria y no se introducen nuevas demandas al presupuesto”.
Además plantea que para esta colectividad las otras reformas relevantes son la laboral, y la priorización en Salud, que busca resolver listas de espera, atraer médicos especialistas y consultorios antes que la construcción de 20 hospitales.
