Esta semana el proyecto de control preventivo de identidad que fue aprobado en el Senado y que permite que las policías puedan pedir el carnet a cualquier personas sin orden previa, será discutida en la Cámara en lo que es su tercer trámite constitucional.
Dentro de las principales críticas que le hacen al proyecto es que este control puede prestarse para abusos policiales en contra de la población más pobre. Por ejemplo, el diputado Gabriel Boric se preguntó: “¿Le habrán preguntado a las y los pobladores de barrios pobres su opinión sobre el ‘control de identidad preventivo’ (que hipocresía el nombre que inventaron)”?
Y probablemente la respuesta sea un rotundo no. Así al menos lo expresó el “Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua”, que escribió una carta para manifestar su rechazo a la iniciativa que podría convertirse en ley en los próximos días.
“Sí, el control preventivo de identidad que la sala del Senado acaba de aprobar es una medida que tiene rostro y clase. Queremos decirlo con claridad: para los pobladores y pobladoras de La Legua, esta medida es una tragedia”, aseguran en la carta y advierten: “Si el nuevo control de identidad llega a convertirse en ley, se habrá dado rostro legal al abuso crudo y permanente”.
“En La Legua, durante quince años, los pobladores y pobladoras han aprendido lo que significa un control de identidad. Han aprendido que bajo la justificación de este control los policías los obligan a desnudarse y les tocan sus partes íntimas“, agregan.
Y continúan: “Han aprendido que se les pide la cédula de identidad, y que, aunque la tengan en su poder, son obligados a subir al furgón, dentro del cual son insultados y golpeados por los funcionarios de turno. Han aprendido, también, que si andan sin la cédula de identidad, pueden ser detenidos hasta por ocho horas, en Comisarías en que nuevamente se les golpea, insulta y humilla”.
Respecto a la posibilidad que incluye el proyecto de ley de denunciar las prácticas abusivas de parte de Carabineros, los vecinos de La Legua son escépticos: “Desconocen los parlamentarios que cuando los pobladores y pobladoras de La Legua tratan de interponer un reclamo contra un funcionario policial son denigrados por las autoridades de Carabineros, recibiendo un trato humillante y amenazas”.
“Ignoran, también, que el nivel de impunidad policial es tan grande que las víctimas deben convivir a diario con los funcionarios que abusaron de ellos. Si quieren acudir a la justicia militar, se encuentran con un sistema que no acoge sus reclamos, que opera bajo el secreto e invisibiliza el dolor”.
La carta concluye con la siguiente afirmación: “Los pobladores y pobladoras han aprendido, en síntesis, que los abusos policiales operan impunemente y de forma sistemática. Con esta nueva medida, nada de ello cambiará. Por el contrario, existirán aún menos garantías. Quienes legislan lo seguirán justificando desde el vacío e ignorante discurso de la seguridad. Para los pobladores de La Legua, en cambio, será la legalización definitiva de prácticas represivas, discriminatorias y violentas que desde hace 15 años han truncado sus vidas.”.
