En 2012 se promulgó la ley que creó el Registro de Inhabilidades. La idea era tener un conteo de aquellas personas que habían estado ligadas a abusos sexuales contra menores de edad e impedir que trabajaran en establecimientos educacionales.
Sin embargo, al Superintendencia de Educación reveló que, entre 2013 y 2015, 73 personas condenadas a dicho delito se desempeñaron en recintos de esa naturaleza. Del total, 48 son asistentes o profesores, mientras que 17 son transportistas escolares, consigna El Mercurio.
Cuando se contrata a un nuevo profesional, la ley obliga a jardines y colegios a chequear sus datos, así como rechequear los antecedentes de su personal al inicio de cada año.
El superintendente Alexis Ramírez señala que el procedimiento consiste en lo siguiente: “Se informa al colegio que debe apartar de inmediato de sus funciones a la persona inhabilitada, para proteger a los estudiantes” y luego se comunica “al Ministerio Público por eventual quebrantamiento de condena”.
Hasta ahora, se terminaron 14 procesos administrativos en contra de recintos educacionales que tenían a personas que estaban, supuestamente, inhabilitadas pero que aún así trabajan en ese lugar. Todos recibieron multas, que van desde la privación de la subvención hasta el pago de $22 millones.
