“Diversas disposiciones del señalado reglamento regula materias propias de ley (…) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento o resultan aplicables”.
Bajo este argumento, la Contraloría puso en pausa el decreto presentado por el gobierno que busca extender de 1 a 2 años la autorización de las empresas de telecomunicaciones para guardar la información personal de los usuarios: datos de GPS, tráfico de llamadas, datos de perfiles, mensajes de Whatsapp, correos electrónicos.
El gobierno, además de la extensión temporal, buscaba que dichos datos estén a disposición de la autoridad que los solicite.
En el documento, firmado por el contralor general Jorge Bermúdez, se establece que se abstiene de dar curso al reglamento ya que las materias propias de ser discutidas como proyecto de ley se refieren a la conservación de datos comunicacionales por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y a las atribuciones de los jueces de garantía y del Ministerio Público.
Además, se menciona en el escrito que las expresiones “órganos del Estado”, “toda otra institución”, “intervinientes”, “autoridad competente” y “autoridad” no se ajustan estrictamente a los referidos preceptos legales.
En la regulación, firmada por los titulares de Interior, Transporte y Telecomunicaciones y Justicia, se extendía la atribución de acceder a esta información a cualquier institución facultada por ley para requerirla sin necesidad de autorización judicial.
Derechos Digitales, unas de las organizaciones que se opuso al decreto, celebró la determinación de la Contraloría:
Si todavía quedan escépticos, acá está el contundente fallo de Contraloría contra el #DecretoEspía pic.twitter.com/7UQrJh8q29
— Derechos Digitales (@derechosdigital) November 28, 2017
