El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra SQM por cohecho, en el marco de los sobornos pagados a cercanos al ex candidato presidencial UDI Pablo Longueira.
Así, se aceptó el acuerdo entre el fiscal Pablo Gómez y la minera, donde la empresa pagará 900 millones al Fisco y 1.650 millones a organizaciones sociales, lo que suma 2.550 millones.
Junto con ello, el juez Luis Avilés ordenó a SQM a crear un manual interno para prevenir que se repitan estas acciones, consignó radio Cooperativa.
Sin embargo, en la audiencia se vivió un áspero choque entre el fiscal Gómez y María Inés Horvitz, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde se acusó al persecutor de “falta de convicción” en la investigación.
Ante esto, Pablo Gómez señaló que el CDE “hace alegatos para la galería”.
No obstante, el CDE aún puede recurrir a la Corte de Apelaciones para impugnar este acuerdo entre la Fiscalía y la empresa que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en el mundo político.
