Secciones
País

Dictan acusación contra 15 ex uniformados por secuestros calificados y sustracción de menor en 1973

Según la investigación, en septiembre y octubre de ese año, en el sector de El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, detuvieron a tres personas.

Ejército

Por su responsabilidad como autores de los delitos de secuestros calificados y sustracción de menor, la ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en contra de 15 miembros del Ejército en retiro.

En la resolución, Cifuentes responsabilizó a Jorge Romero Campos, Alfonso Faúndez Norambuena, Osvaldo Magaña Bau, Carlos Kyling Schmidt, José Vásquez Silva, Escipión Escobar Norambuena, Mario Campos Ripley, Óscar Vergara Cruces, Roberto Rozas Aguilera, Sergio Ávila Quiroga, Carlos Durán Rodríguez, Carlos Lazo Santibáñez, Jorge Reyes Cortés, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz, quienes son ex funcionarios del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Según la investigación de la ministra, el 24 de septiembre de 1973, en el sector de El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, detuvieron a Juan Cuadra Espinoza e Ignacio Santander Albornoz, quien era menor de edad, entre otros.

Los detenidos luego fueron trasladados al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena.

Posteriormente, el 2 de octubre de 1973, fue detenido en el mismo sector de Paine, Carlos Ortiz Ortiz, quien fue trasladado a los mismos lugares mencionados.

Cuadra Espinoza y Ortiz Ortiz fueron fusilado los días 5 y 6 de octubre de 1973, respectivamente, desconociéndose hasta la fecha el paradero de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz.

Notas relacionadas







Las mujeres como herramienta

Las mujeres como herramienta

Durante años escuchamos al oficialismo afirmar que “la credibilidad de las víctimas” debía ser un principio rector de la política pública. Sin embargo, cuando el caso afectó a una figura central del propio gobierno, ese principio desapareció de escena. La reacción fue tardía, ambigua y marcada por una evidente preocupación por los costos políticos.

Foto del Columnista Fernanda García Fernanda García