La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible ayer uno de los recursos de protección presentados en contra del acuerdo firmado entre Corfo y SQM, a solicitud del Consejo de Pueblos Atacameños, para lo que tendrán un plazo de cinco días para entregar informes y antecedentes “que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso”.
Este recurso plantea que se decrete la orden de no innovar sobre el nuevo contrato, buscando que se suspendan momentáneamente los efectos mientras el tribunal suspende, explica La Tercera. El documento reclama la ausencia de una consulta indígena sobre éste, faltando a su juicio a la norma del Convenio 169 de la OIT, debido a que el aumento de producción de litio implicará nuevas obras de la empresa.
El acuerdo plantea beneficios a las comunidades cercanas al salar, como una suma anual de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones (dependiendo del precio del litio), que irá al desarrollo económico y cultural de las comunidades de la cuenca del salar. Sin embargo, las comunidades se quejan de que el beneficio no fue consultado.
Actualmente, los pueblos atacameños tienen un acuerdo con Albemarle, la otra empresa que explota el salar, ya que tras cuatro años de negociaciones, accedió a entregarles, entre otras cosas, el 3,5% de los ingresos anuales de la firma en el salar.
