Luego de las modificaciones realizadas por el Ministerio de Salud, la bancada de senadores PS ingresó a la Contraloría una solicitud de dictamen con el objetivo que evalúa si las instituciones privadas de salud con convenios con el Estado podrán ejercer o no la objeción de conciencia en casos de aborto en tres causales.
Según los parlamentarios, los cambios realizados en el protocolos son “incorrectos, ilegales, y profundamente violentos”.
Para los legisladores, con la nueva interpretación se “obliga a las mujeres recorrer indefinidamente establecimientos de salud en búsqueda del servicio que requieren, incluso en casos de urgencia en que su vida corre peligro”.
“La ponderación que realiza el Ministerio de Salud, en su resolución no sólo es incorrecta, sino que produce un evidente retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres en pos de la supuesta indemnidad de las instituciones privadas de salud que, con fondos públicos, y mediante convenios, usan dineros públicos sin cumplir con las prestaciones que se encuentran obligados a entregar, conforme la especial naturaleza de ésta“, concluyeron.
Para hacer efectivo este reclamo, los parlamentarios PS se basaron en el artículo 13 del DFL N° 36, de 1980, decreto con fuerza de ley promulgado en plena dictadura.
