El pasado mes de octubre, Michelle Bachelet aceptó la invitación de los jugadores de la Roja para viajar a Brasil a presenciar el partido ante los cariocas, el que terminó dejando al equipo nacional fuera del Mundial de Rusia 2018.
Para poder trasladarse, utilizó el avión Gulfstream IV de la FACh que tuvo un costo por hora superior a los siete mil dólares, lo que equivale a $4 millones 403 mil. Esta cifra, multiplicado por las 8 horas en total de viaje, sumando el trayecto de ida y vuelta entre Chile y Brasil, llegaría sobre los $35 millones, valor en el que no se contó la comida abordo y las horas extras, sumado a las asignaciones que reciben carabineros por volar en un avión estatal.
Ante esto, José Antonio Kast solicitó que se aclarara por qué la entonces Mandataria usó bienes militares y fiscales para un viaje de carácter personal y turístico, por lo que además requería que devolviera al erario nacional lo que gastó.
A meses de ello, la Contraloría determinó que “no hay antecedentes que permitan calificar el viaje que se impugna como de carácter turístico o personal, sin que tampoco pueda observarse una conducta que conlleve una transgresión al ordenamiento jurídico”.
El órgano fiscalizador indicó, además, que en el viaje, Bachelet sostuvo reuniones con el canciller brasileño y el gobernador de Sao Paulo.
Sobre los gastos de traslado y alojamiento para cuatro funcionarios de la avanzada presidencial, Contraloría cuestionó que se contratara a una empresa de turismo por trato directo y que en el futuro “deberá aceptar medidas necesarias para que contrataciones como las de la especie y los actos que las aprueban se ajusten a lo dispuesto en esa normativa”.
