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19 de Julio de 2018

Fiscalía Nacional Económica denuncia ante TDLC a empresas del “cartel del fuego” por colusión

En vista de los hechos, el organismo pide para Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 2,6 millones, y de 4.000 UTA (US$ 3,5 millones) a Martínez Ridao.

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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento contra las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada por “haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna” entre el 2009 y 2015.

Según el escrito presentado por la FNE, “estas compañías acordaron su actuación conjunta en el mercado chileno y que, en el marco de ese acuerdo, determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Todo lo anterior con el objeto de asignarse contratos en el período referido”.

En vista de los hechos, el organismo pide para Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 2,6 millones, y de 4.000 UTA (US$ 3,5 millones) a Martínez Ridao.

La Fiscalía justificó estas penas, alegando “la gravedad y extensión temporal de la conducta, junto con el hecho que las requeridas han concentrado prácticamente la totalidad de las ventas asociadas a estos servicios, por lo que sus clientes, tanto públicos como privados, han debido pagar los precios del cartel al no contar con ofertas alternativas”.

Entre los afectados se cuentan algunas empresas forestales privadas e instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI).

El caso del “cartel del fuego” saltó a la palestra en febrero de 2017 tras un reportaje periodístico, lo que llevó incluso al allanamiento de las empresas cuestionadas, recalcando el FNE que “obtuvo antecedentes sobre reuniones y comunicaciones sostenidas entre ejecutivos de estas empresas para discutir sobre la participación de cada una en el mercado afectado”.

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