La Contraloría emitió un informe en donde ordenó abrir sumarios administrativos para determinar responsabilidades luego de una serie de eventuales irregularidades detectadas en el proyecto Alameda-Providencia, el que fue desechado por el actual gobierno debido a problemas en su diseño e implementación.
El organismo señaló que los desembolsos pagados por los tres contratos existentes ascendían a $ 3.602 millones al 28 de febrero de 2018.
Según lo publicado por La Tercera, los principales ítems contemplados fueron el diseño, por parte de la empresa Duap, a la que se le pagaron $ 2.657 millones; el proceso de participación ciudadana, con Fundación Casa de la Paz, a la cual se le cancelaron $ 208 millones, y el plan comunicacional, hecho por el Estudio Racimo, que recibió $ 49.517.667. Además, se contrató a un equipo de trabajo a cargo de la iniciativa, por un monto de $ 637 millones, entre 2014 y 2018.
El problema, según Contraloría, pasa por Duap, la que tuvo atrasos en un estudio que debía realizar denominado “Microsimulación de tramos” (análisis sobre cómo operan los flujos vehiculares en el eje). El reporte del ente de control añadió que la consultora debía presentarlo en marzo de 2017, pero aún no estaba terminado en mayo de 2018; es decir, registró un atraso de 295 días y que tenía un 52% de avance a esa fecha.
En agosto de 2017 el jefe de División de Análisis del Gobierno Regional alertó al encargado del proyecto en julio de 2017 que “los modelos que reporta el informe presentan errores básicos, que dan cuenta de la falta de prolijidad o de conocimiento”.
El informe añadió que la decisión de “persistir con el contrato fue del gerente del proyecto, quien consideraba que los incumplimientos no eran de la necesaria envergadura para adoptar la medida de término unilateral, a pesar de las reiteradas advertencias. Asimismo, informó que el gerente del proyecto reportaba de manera directa al intendente de la Región Metropolitana de la época (Claudio Orrego), quien en definitiva aprobaba o rechazaba sus propuestas”.
También se el estableció que el gobierno regional tampoco aplicó las multas por los atrasos de entrega de los análisis comprometidos por $ 230 millones.
