El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió a la propuesta de la bancada de Convergencia Social que busca indultar a los detenidos y condenados por desórdenes durante el estallido social. De acuerdo a la autoridad de Gobierno, en la actualidad sólo están en prisión preventiva tres personas de las más de mil imputadas por la Ley de Seguridad del Estado.
Galli reveló en entrevista con Radio Cooperativa que desde el 18 de octubre del 2019 el Gobierno interpuso 531 querellas contra 1.774 imputados. De estas acciones judiciales, en 219 se aplicó la Ley de Seguridad del Estado a unas 1.073 personas.
Además, de los 1.073 imputados por la Ley de Seguridad, sólo tres están con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras otros 61 con arresto domiciliario, 459 con otras medidas cautelares, dos fueron sobreseídos, 489 no han sido formalizados y 59 ya están condenados.
En concreto, la propuesta dirigida por el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS), nace para indultar a los “presos de la revuelta”, ya que, a su juicio, “los verdaderos criminales durante el estallido social estuvieron en Carabineros y las Fuerzas Armadas, no en un pueblo que se movilizó por más justicia y dignidad”. También buscan rebajar la medida cautelar vigente para quienes aún no han sido condenados.
“Señal equívoca” en proyecto del Frente Amplio
Tras entregar las cifras que maneja el Gobierno de los detenidos y condenados durante el estallido social, Juan Francisco Galli se refirió directamente a los parlamentarios del Frente Amplio que apoyan la medida.
Según alegó, “cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas personas que ni siquiera han sido condenadas, están sujetas a medidas cautelares, que son una minoría las que están privadas de libertad en virtud de una medida cautelar como la prisión preventiva. Claramente la señal es totalmente equivocada”.
En esta línea, el subsecretario del Interior dijo estar en contra que “aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a fuerzas policiales o destruyendo la propiedad pública o privada”, queden “libres de sanción”.
