La Fiscalía de Atacama, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), obtuvo la condena de un imputado, de quien se acreditó su participación en una serie de delitos, en el marco del estallido social, por los que fue sentenciado a cumplir la pena de 4 años de presidio efectivo.
Los hechos dieron cuenta que Luis Castillo Opazo participó en cada uno de los ilícitos indagados, accediendo el Ministerio Público al procedimiento abreviado, luego que el acusado decidiera colaborar con la indagatoria prestando declaración entregando información de compañeros de delitos en la “Primera Línea” que tomaron parte en los ilícitos.
Respecto de éstos, se indicó que algunos de ellos estuvieron relacionados con desórdenes públicos y daños en distintos sectores de la ciudad. Además del saqueo y afectación de oficinas de empresas y recintos educacionales que funcionan en la comuna, dentro de las que se cuentan Aguas Chañar, Inacap y el Registro Civil.
En este último servicio público los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2019, ocasión en que Castillo Opazo organizó el avance de parte de una marcha que se realizaba en el centro de la ciudad, la que luego se dirigió hasta el edificio del Registro Civil de Copiapó, lugar al que junto a otras personas ingresaron luego de romper la reja de seguridad. Ocasión en que fue registrado en las cámaras de seguridad rompiendo una puerta de acceso al mencionado servicio, ingresando al interior para sustraer distintas especies.
Posterior a ello, llamó a otras personas encapuchadas, hasta ahora desconocidas, con quienes ingresó nuevamente al lugar, los que finalmente prendieron fuego a las dependencias que originaron daños por un monto superior a los 15 millones de pesos.
Además se dio cuenta que el día 21 de noviembre, el condenado junto a un grupo de personas se movilizaron hacia el sector de calle Freire de esta ciudad, donde accedieron de manera forzada y quebrando puertas y ventanales a las oficinas de la Automotora Salfa, lugar en que el imputado sustrajo diversas especies desde las vitrinas de venta las que luego ocultó en una mochila que portaba. Todo lo que quedó registrado en imágenes de las cámaras del recinto.
Frente a estos antecedentes, la Fiscalía lo acusó por delitos de desórdenes públicos, ilícitos de daños simples, robos consumados en lugar no habitado y un delito de daños calificados, todos en carácter de reiterados, en lo que significó la primera condena en la región por la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En relación a este caso, la fiscal de la Unidad Sacfi, Paula Barrueto, indicó que con la investigación y la pena impuesta, cuatro años de presidio efectivo, quedó demostrado que cada uno de los hechos indagados fueron constitutivos de delitos de carácter penal por parte del acusado, descartando cualquier tipo de persecución política ni de otro tipo en su contra.
Barrueto recalcó que, desde el inicio de la investigación de estas causas, la Fiscalía nunca se persiguió penalmente a quienes participaron de forma pacífica de las marchas organizadas con motivo del estallido social.
