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Tarapacá: en internación provisoria quedó joven detenido por amenazas a docentes de instituto

En el domicilio del adolescente involucrado se encontró droga y vainillas de fogueo, por lo que se ordenó su internación.

Por los delitos de amenazas condicionadas reiteradas y tráfico de drogas fue formalizado por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá, el adolescente J.F.P.R., detenido en Iquique por la PDI tras amenazar la semana pasada a la directora y docentes del establecimiento educacional Instituto del Mar a través de una red social.

El fiscal a cargo del caso Oscar Sáez explicó que las diligencias desarrolladas junto a la Brigada de Robos y el Cibercrimen Metropolitano de la PDI permitieron en poco tiempo identificar a la persona que sería responsable de las amenazas. 

“Ayer (miércoles) se concretó la orden de entrada y registro al domicilio del imputado, así como su detención, encontrando al interior de la vivienda 880 gramos de cocaína base y el teléfono celular del adolescente, el cual está vinculado a la cuenta de Instagram a través de la cual se realizaron las amenazas”, indicó el persecutor.

En la audiencia de formalización el fiscal señaló que entre los días 9 y 11 de mayo, desde su domicilio ubicado en la población Jorge Inostroza y utilizando la cuenta de Instagram “Confesiones_Instituto del Mar22”, el imputado realizó una serie de amenazas dirigidas a la directora de dicho establecimiento educacional y a otros docentes, exigiendo como condición que cierto grupo de alumnos que se encuentran suspendidos y en proceso de expulsión -entre los cuales estaba él mismo-, fueran reintegrados al establecimiento y a las clases.

El fiscal detalló 14 amenazas subidas a la cuenta, que incluían fotografías de supuestas armas de fuego, incluso al interior del colegio, así como también unos audios de whatsap con amenazas a la directora.

En el domicilio además de la droga se encontraron 19 vainillas de fogueo percutidas y 9 sin percutar.

Dada la gravedad de los hechos, el fiscal solicitó la internación provisoria del imputado, por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. La petición fue acogida por el juzgado de garantía, fijándose un plazo de investigación de 90 días.

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