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5 de Diciembre de 2022

Caso cajas de alimentos: CDE se querella contra Miguel Angel Quezada (UDI), ex intendente de Tarapacá

Esto, tras favorecer a tres proveedores para la compra de al menos 23 mil cajas de alimento, generando un perjuicio fiscal por más de 230 millones.

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La acción del CDE se dirige contra nueve querellados, entre ellos tres ex autoridades y funcionarios públicos; Miguel Ángel Quezada, ex intendente y delegado presidencial de Tarapacá, Lilian Plaza, ex jefa de gabinete del Intendente y ex directora regional de Sernac y Jhonny Muñoz Cancino, ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó, a través de su Procuraduría Fiscal de Tarapacá, una querella criminal, contra el ex intendente Miguel Angel Quezada (UDI) y otras autoridades regionales, por el delito de fraude al Fisco ocurrido durante la implementación del Programa Alimentos para Chile que permitió la entrega de cajas de alimentos durante el período de pandemia por Covid-19, en la región.

La acción del CDE se dirige contra nueve querellados, entre ellos tres ex autoridades y funcionarios públicos; Miguel Ángel Quezada, ex intendente y delegado presidencial de Tarapacá, Lilian Plaza, ex jefa de gabinete del Intendente y ex directora regional de Sernac y Jhonny Muñoz Cancino, ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia, por su participación en la adjudicación y celebración contratos de trato directo que favorecieron a tres proveedores para la adquisición de al menos 23 mil cajas de alimentos, con precios unitarios superiores a los valores de mercado, que ocasionaron un perjuicio al patrimonio público por más de 230 millones de pesos.

Se agrega que, los proveedores no contaban con respaldo financiero, ni tampoco con el giro para contratar dicho servicio con el Estado, pues éstas se dedicaban a otros rubros como; la producción de eventos, servicios de alimentación en general  y venta de insumos médicos.

Conforme con lo anterior, la querella señala que los imputados “a través de una infracción grave y dolosa de sus deberes funcionarios intervinieron -en razón de su cargo- en operaciones de cotización, adquisición, fiscalización, recepción, control y entrega de ayuda social, defraudando o, a lo menos, consintiendo en una defraudación la cual produjo una cuantiosa pérdida de recursos fiscales, todo ello sin perjuicio de otros delitos y/o responsables que se establezcan en el curso de la investigación”.

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