La Contraloría General de la República (CGR) pidió a la Policía de Investigaciones (PDI) que expulse de sus filas al subcomisario de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Calama, Gonzalo Fuentes, luego de que una indagatoria lo responsabilizara de la pérdida de evidencia clave en el caso de una joven que denunció haber sido víctima de una violación grupal por parte de ex cadetes del club Cobreloa.
De acuerdo con lo establecido por la investigación, el funcionario policial incurrió en una grave falta al perder una pieza clave en la causa contra los futbolistas, el que consistía en el vestido que llevaba la víctima cuando habría sido agredida, el 18 de septiembre 2021.
Luego de denunciar la violación grupal ante Carabineros, la policía uniformada incautó la prensa y la entregó en cadena de custodia a la PDI.
La prenda era un vestido negro corto con tirantes de lycra y sin estampados, la que debía ser sometida a pericias y análisis solicitados por los abogados de la víctima.
Luego del sumario abierto por la Contraloría el organismo llegó a la convicción de que el subsomisasrio había cometido graves faltas al buen servicio en su condición de funcionario público, por lo que propuso a la PDI su expulsión.
Será el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien deberá aceptar o no la propuesta de la CGR, para lo cual todavía no se ha establecido un plazo.
Pérdida de la evidencia por la PDI fue “manifiesta negligencia” según abogada de la víctima de los cadetes de Cobreloa
Luego de que se conoció la pérdida de la evidencia clave por parte de la PDI, la abogada querellante contra los ex cadetes de Cobreloa, Patricia Muñoz, aseguró que lo ocurrido reflejó una “manifiesta negligencia”.
Recordó además que previo a eso “la denuncia de la víctima no fue atendida oportunamente, lo que retrasó la persecución penal por tres años. Ahora, nos enteramos de que se perdió evidencia clave en el procedimiento”.
Apuntó, sin embargo, que el extravío del vestido no compromete el fondo del caso, ya que “la contundencia de la causa no me parece que corra perjuicio“.
“La imputación no varía de ninguna manera, considerando que no se discute ni se ha cuestionado la participación de los nueve imputados en el hecho por el cual fueron formalizados“, afirmó la profesional.
De todas maneras admitió que “esperaremos que las sanciones se produzcan con la severidad necesaria y, por supuesto, habrá que analizar en su momento acciones que, desde la perspectiva civil o administrativa, la víctima pudiera ejercer contras las instituciones que no han ejecutado las acciones que han debido en relación a sus obligaciones constitucionales y legales”.
