Sin acuerdo entre el Gobierno y el dueño del terreno en que se emplaza la megatoma de San Antonio, donde residen unas 10 mil personas, culminaron este miércoles las negociaciones para intentar resolver el tema, según confirmó la inmobiliaria San Antonio, propietaria del lugar.
“En el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto”, informó la empresa.
A través de la misma declaración, la inmobiliaria argumentó que “esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”.
De acuerdo con lo manifestado desde la empresa, durante la negociación redujo el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, “accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.
Por el contrario, desde el Ministerio de Vivienda se aseveró que la principal traba para lograr un acuerdo fue el valor exigido por la empresa: 0,4 UF por metro cuadrado, casi el doble de la oferta estatal de 0,21 UF.
Qué va a pasar con la megatoma de San Antonio
Cabe recordar que en julio de 2023 la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo de la toma más grande del país, tras acoger el recurso de protección presentado por la inmobiliaria.
La medida se postergó en febrero pasado y, hace unos días, el desalojo del terreno se había prorrogado nuevamente con el propósito de facilitar las negociaciones tendientes a llegar a un acuerdo entre el Minvu y la empresa propietaria.
Tal como había adelantado el ministro de Vivienda, “de no haber solución, ahí impera la ley“, lo que implica que, tras el fracaso de las negociaciones, ahora será el Ministerio del Interior el encargado de establecer la forma y los plazos en que se llevará a cabo el desalojo de las más de 4.000 familias que viven en la megatoma de San Antonio, de 260 hectáreas.
Respecto de a dónde se trasladará a las alrededor de 10 mil personas que deberán dejar la toma, desde el Gobierno se indicó con anterioridad que será a “lugares de transición”, y luego se implementarán los mecanismos para que puedan acceder a una vivienda.
