A más de un año desde que la Fiscalía Metropolitana Oriente inició la investigación en contra del diputado Joaquín Lavín León por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, un nuevo querellante se sumó a la causa: el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Previo a la audiencia del próximo martes 16 de septiembre, en donde la Corte de Santiago escuchará los alegatos de la defensa para impedir el desafuero del parlamentario, el SII presentó una querella por medio de la directora (s) Carolina Morales.
En el escrito, se entregaron detalles sobre diversos hechos que darían cuenta que el diputado habría incurrido en delitos tributarios al emitir documentos tributarios falsos, como boletas o facturas, entregadas por tres empresas.
Los detalles de la querella del SII contra diputado Joaquín Lavín León
Respecto a la emisión de dichos documentos falsos, el SII, sostiene que “habrían sido confeccionados con el fin de justificar gastos ante el Congreso, lo que habría permitido obtener pagos provenientes de fondos públicos en forma fraudulenta o improcedente, con cargo a las asignaciones parlamentarias”.
En este marco, la entidad se querello por “facilitación de documentación tributaria falsa posibilitando la comisión de otros ilícitos tributarios”. Esto, tiene que ver con la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas a Lavín por servicios supuestamente prestados entre junio de 2017 y hasta noviembre de 2022 por parte de las empresas Imprenta MMG S.A y Gráfica Totalprint SpA.
Dichos documentos fueron los que le permitieron a Lavín Jr respaldar sus presuntos gastos de campaña o de su asignación parlamentaria, cuyos gastos fueron reembolsados posteriormente por el Servicio Electoral (Servel) y/o el Congreso Nacional, según correspondiera.
Por otro lado, el SII también interpuso la acción legal por otras facturas falsas que emitió la empresa Modo74 SpA, de propiedad de Felipe Vásquez, que se desempeñaba como asesor del esposo de Cathy Barriga. En detalle, se entregaron seis facturas por un total de $3.270.577.
Otro ilícito por el que se querelló el Servicio tiene que ver con que Joaquín Lavín habría realizado “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior“, cuyo delito tributario se habría materializado entre 2018 y 2024.
“Con las maniobras anteriores, se generó un perjuicio fiscal que, actualizado al mes de julio de 2025, alcanza los $10.149.465”, expone el escrito.
