El contralor Jorge Bermúdez se presentó este martes en la Comisión de Vivienda del Senado en medio de un alza de denuncias respecto al Caso Convenios que comenzó con el polémico acuerdo entre el seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
Alló, explicó cómo se activan estos pactos económicos entre los diferentes ministerios y tocó algunos puntos donde los legisladores podrían hacer modificaciones para evitar nuevos conflictos por dineros estatales que son cedidos a ONG.
u0022Son convenios amplios, no hay puntos de control, no hay reglas de rendición, el problema es que el convenio es fácil de cumplirse con la laxitud en la que están establecidosu0022, explicó.
En la cita, Jorge Bermúdez confirmó que después del destape del caso donde está involucrado la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, la Contraloría ha recibido 172 denuncias que involucran a fundaciones, ministerios y también a gobiernos regionales. “Hay regiones que gastaron un 40% del presupuesto, el Gore es un órgano para transferir recursos”, sostuvo.
Y no fue lo único, pues hizo una distinción entre lo ético y posibles incumplimientos de la norma. “No necesariamente van a haber grandes hallazgos, puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa”, agregó el contralor sobre el Caso Convenios.
Democracia Viva
De acuerdo al Gobierno, el proceso para la restitución de los $426 millones que recibió Democracia Viva está en proceso.
En este contexto, Jorge Bermúdez detalló en el Congreso Nacional algunos datos que ha obtenido en la revisión del caso que involucra a esta fundación y desató una profunda crisis en el partido Revolución Democrática por la participación de sus militantes.
El seremi de Antofagasta entregó en tres pagos este millonario monto para evitar la alerta de la Contraloría. Bermúdez, en la investigación, indica que en dos de estas transferencias no se establecieron plazos para las actividades establecidas. Se trata del convenio de menor valor, el que alcanza $56 millones. El de $200 y el de $170 millones no fijó tiempos de trabajo.
