Declaraciones cruzadas: la enredada trama del Caso Convenios que complica al Gobierno

El denominado Caso Convenios que enfrenta el Gobierno es una de las consecuencias que produjo el destape del acuerdo entre el seremi de Vivienda (Minvu) de Antofagasta y Democracia Viva por $426 millones.

El polémico pacto entre el ex seremi Carlos Contreras y la fundación que encabezaba la entonces pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática (RD), Daniel Andrade, derivó en una investigación de la fiscalía y en un nuevo problema para la administración del presidente Gabriel Boric.

El viernes 16 de junio, el portal antofagastino Timeline hizo público este millonario contrato que fue configurado en tres depósitos desde el Minvu regional vía trato directo, es decir, sin licitación alguna. Desde ese momento, con la arremetida de los sectores de oposición y los vaivenes del oficialismo al ir conociendo poco a poco los antecedentes, La Moneda y el ministro Carlos Montes han entregado información al Ministerio Público para intentar que la imagen del Ejecutivo no se empañe.

De acuerdo a la propia versión de Boric, él se enteró días antes de que aparecieran en la prensa las posibles irregularidades en Antofagasta por un oficio que la diputada Yovana Ahumada envió el 7 de junio. “Fue en la semana anterior”, reconoció el mandatario en una declaración que luego fue matizada por los ministros Montes y Luis Cordero (Justicia).

Yo, el 16 de junio estaba en la Región de O’Higgins, en una entrega de viviendas y viniendo de regreso recibimos la información. Y ese fue el día”, enfatizó Montes.

“El presidente no se ha equivocado, ha sido bien transparente, él se refería al Estado. El Estado de Chile tomó conocimiento del oficio el 7 de junio, pero basta revisar el oficio que está dirigido al seremi de Vivienda. Eso explica que durante un período de tiempo la información no estuvo disponible”, explicó Cordero.

La debacle de Revolución Democrática y Urbanismo Social

Después del 16 de junio, Revolución Democrática (RD) fue el partido apuntado y el que entró en una profunda crisis.

En principio, su presidente, Juan Ignacio Latorre, respaldó a la diputada Catalina Pérez y a los militantes que participaron del polémico convenio; sin embargo, con el tiempo la versión interna de la colectividad fue cambiando, a tal punto de establecer querellas, suspender a la parlamentaria y expulsar a Carlos Contreras y Daniel Andrade.

Atrás quedaron los dichos del parlamentario donde argumentaba que el ministro Montes sabía de este problema ante la sorpresa del aludido, quien llamó a rectificar.

Desde el 21 de junio en adelante, el timonel de RD pasó de afirmar que fue “un error político, no hay nada irregular o ilegal” a asegurar que “es muy poco probable que (la diputada Pérez) no supiera del convenio, es su propia región, es su círculo cercano”.

En esa misma semana, además, el senador Latorre confirmó que había “sospecha de corrupción” y la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la casa que compartían Pérez y Andrade, donde se incautaron celulares y computadores.

El 24 de junio, la subsecretaria Tatiana Rojas renunció tras el llamado de Boric. “Caiga quien caga” es el nuevo lema del oficialismo.

En este contexto, otro nombre puso en problemas al Gobierno y al ministerio de Vivienda. Se trata de Urbanismo Social, fundación que llegó a un convenio con el Minvu por $500 millones en la Región del Maule.

Ese viernes 28 de junio, la Fiscalía Nacional confirmó la apertura de un proceso de oficio para establecer responsabilidades y supuestas irregularidades en este pacto que el seremi del Maule Rodrigo Hernández firmó con la ONG donde trabajó en años anteriores. Nuevamente RD enfrentó cuestionamientos por un militante y el 2 de julio, el ministro Montes confirmó un sumario.

Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, si esos antecedentes cambian evidentemente uno puede reconsiderar, el seremi del Maule no tiene responsabilidades políticas que pagar”, defendió el presidente Boric a Hernández el 29 de junio.

Mideso, las dudas en Atacama y auditorías de la Contraloría

En paralelo a las investigaciones y presentaciones del Gobierno en la fiscalía en torno a estas fundaciones, la senadora Yasna Provoste puso en jaque al Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) que conduce Giorgio Jackson. El fundador de Revolución Democrática (RD), partido que sufrió manifestaciones y barricadas en su sede, enfrentó la crisis valorando las denuncias y las pesquisas del Ministerio Público y al momento de conocer la denuncia de la parlamentaria de Atacama, las críticas a su gestión volvieron a surgir como al inicio del caso Democracia Viva.

Provoste, el 4 de julio, el mismo día en que el senador Latorre reconoció públicamente que estaba enterado del problema antes de que se conociera en la prensa, acusó al seremi de Desarrollo Social por la entrega de 160 millones de pesos a la Fundación Visible.  

Fue creada en agosto del 2021, por una persona natural y sus dos hijas, sin presencia anterior en la región de Atacama”, aseguró la senadora horas antes de que el ministro Jackson abriera un sumario.

Frente a estas dudas, la Contraloría actuó el 5 de julio. Y partió con el Minvu en una determinación que luego podría pasar a otros ministerios. Decidió realizar una auditoría a todas las fundaciones “en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución”.

“Las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos”, argumentaron desde el órgano contralor en una de las últimas medidas para establecer responsabilidades y eventuales delitos de corrupción en el denominado caso Convenios que tiene complicado al Gobierno del presidente Boric. Los montos en cuestión que analizará la Contraloría podrían superar los $5 mil millones y ya este jueves 6 de julio la idea de un cambio de Gabinete está instalado en la oposición y sectores del oficialismo.