Cruce de funcionarios contratados: modus operandi de fundaciones en la mira tras caso Democracia Viva
El caso de Democracia Viva que salpica al Ministerio de Vivienda y que tiene en crisis a Revolución Democrática destapó la manera en que estas ONG se manejan con sus contratos en el Gobierno.
Por Luis Rivera
El ministro Carlos Montes está en Antofagasta en el marco del caso de la fundación Democracia Viva por el que entregó datos a la fiscalía. AGENCIA UNO
Las fundaciones están en la mira de la Fiscalía, la oposición y el propio Gobierno. Luego de “explotar” el caso de Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por un polémico convenio de 426 millones de pesos, la forma en que operan estas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido materia de análisis y de sospechas.
En el caso de esta organización que representaba la ex pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática (RD), Daniel Andrade, los cuestionamientos y la posibilidad de delito se han instalado considerando su creación en febrero de 2022, su escasa experiencia en el trabajo que ha defendido con campamentos en la zona y por la forma en que recibieron los pagos.
Tres recibos por $200, $170 y $56 millones durante octubre y diciembre del año pasado fueron depositados en la administración del renunciado seremi Carlos Contreras (RD) en una supuesta maniobra para que la Contraloría no actuara de oficio cuando Democracia Viva pretendía intervenir en las tomas nortinas. En las últimas horas se ha tomado registro de la instalación de estanques y una red hídrica en una de las primeras labores que se conocen de esta joven ONG.
Según las explicaciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en Antofagasta existen seis personas que trabajan para la cartera y están vinculadas a Democracia Viva. Como todos son de RD, la querella que presentó el partido a través de su presidente, Juan Ignacio Latorre, comienza por ellos en una acción que busca descongestionar la interna que atraviesa por una seria crisis tras el destape de esta irregularidad.
“Lo que ocurre es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al Ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos… Funcionarios contratados por esta fundación prestaban servicios en la Seremi, hecho que condenamos y por el que el buscaremos sanciones”, confirmó el secretario de Estado.
Práctica habitual que cruza los gobiernos
Si bien Carlos Montes (PS) insistió en que no hay dobles contratos como acusa la oposición, su presencia en Antofagasta para entregar información a la Fiscalía es una clara señal de que las fundaciones están en análisis.
De hecho, las 23 que trabajan con el Minvu están citadas a transparentar cómo llegaron a acuerdos con La Moneda, independiente de quién haya firmado estos pactos.
Sólo con este ministerio trabajan Espacio Lúdico, Techo Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo), En Red, En Red Social, Posible Otro Chile, Aldea, Arquitectura, Ciudadana y Aprendizaje; Acción Digital, Enlace Urbano ONG, Campamentos de Ideas, Urbanismo Social, Procultura, Fundación Vivienda, Caritas San Marcos de Arica, Chay Austral, Comprometidos, Fibra Educa, Fosis, ONG Sur Maule, Recrea, Red Integral y Comunitaria; Tomarte y Arquiduc.
Al interior de la cartera, la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas (RD) generó un “terremoto”, pues siguen manteniendo la versión inicial de que Montes tuvo la información al alcance de la mano tiempo atrás cuando se dio aviso desde el norte ante la presunta irregularidad.
De hecho, aseguran a EL DÍNAMO que se han revisado convenios del Gobierno anterior y que lo que ocurrió no es una práctica desconocida, pues reconocen que existen funcionarios prestando servicios aunque pertenezcan a una fundación. Así pasó con Andrade, quien alcanzó a asesorar al Ministerio de Obras Públicas y de Defensa antes de conocerse el caso.
En dos fundaciones contactadas por este caso, y que trabajan con el Minvu, no quisieron referirse públicamente al no estar confirmado el delito y al tener una razón social parecida a Democracia Viva. Sin embargo, advierten que es una situación irregular. En la Fundación para la Superación de la Pobreza, por ejemplo, aseguran que se revisó la existencia de una situación similar y la descartan de plano. Es más, indican que el Serviu los invitó a trabajar con campamentos antofagastinos en base a su experiencia de 28 años.
Los delitos y el crecimiento de Democracia Viva
A pesar de ser una fundación joven y sin experiencia en el rubro, Democracia Viva recibió estos $426 millones que hacen subir el gasto que realizó el Minvu durante los últimos años con los convenios a trato directo, es decir, sin licitación.
Según Mercado Público, el Ministerio de Vivienda realizó el 16,4% de sus convenios bajo esta modalidad en 2021, mientras que en 2022 pasó a hacer en el 46,6% de los casos.
“Nos interesa conocer respecto a las obras que se hicieron, cómo llegaron a esos costos, de qué manera lo hicieron, si aquí alguien metió las manos y tiene que responder. El punto más polémico que hay es que, con parte de estos recursos, se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en la Seremi en el control de los proyectos y eso es algo que está fuera de los marcos legales”, expresó el ministro Montes antes de reunirse con el fiscal Christian Aguilar.
“Si funcionarios tuvieran doble función, es algo que está abierto todavía, no está demostrado. El método que hoy día tenemos se ha ido construyendo en el tiempo, ha ido cambiando, tiene defectos grandes, nosotros tenemos una propuesta para modificarlo y la vamos a poner en discusión”, cerró Montes.
Para comenzar con este paso en una eventual legislación que permitiría evitar nuevos escándalos por conflictos de interés y posibles delitos de fraude al fisco y corrupción, Montes tiene agendada una cita con las 23 fundaciones que trabajan con el Minvu.
