Mientras el Ministerio Público y el Ministerio de Vivienda (Minvu) realizan indagatorias para establecer responsabilidades en el polémico convenio entre el seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva por $426 millones, el partido Revolución Democrática (RD) expulsó a Carlos Contreras y Daniel Andrade, suspendió a la diputada Catalina Pérez y, además, se sumó como demandante en este proceso que ha marcado por ahora el futuro político de estos militantes.
Esta última figura que forma parte del denominado Caso Convenios es la que intentan cambian desde la oposición, en especial desde el Partido Republicano.
A través de un escrito ingresado en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, dos diputados de la colectividad solicitaron la exclusión de RD como querellante en la causa por traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones como ese el proceso que se desarrolla en contra de esta ONG vinculada a la ex pareja de la parlamentaria.
En específico, se trata de los legisladores Cristián Araya y Juan Irarrázaval, quienes son querellantes en la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público para indagar una posible malversación de
caudales públicos y fraude al fisco en el Caso Convenios.
Los argumentos para arremeter contra RD
Según los argumentos planteados por los diputados republicanos para presentar este requerimiento en tribunales “no pueden ser querellantes en una causa en la que ellos mismos están detrás del esquema implementado para obtener de forma maliciosa recursos públicos mediante fundaciones”.
“Nos parece impresentable y una pesada mochila para la transparencia que impone la investigación de esta causa, como lo está exigiendo el país, que el partido que ideó este mecanismo para obtener fondos del Estado de manera ilícita mediante fundaciones vinculadas a personeros de Revolución Democrática, sea al mismo tiempo querellante, como si se tratara de las víctimas o los afectados en este caso, intentando pasar de victimarios a víctimas, cuando precisamente ellos le han provocado un tremendo daño a la fe pública y a las instituciones”, explicó el diputado Cristián Araya.
Son ellos los que deben responder ante los chilenos frente a esta maquinaria que crearon para desviar recursos públicos con fines políticos, proselitistas y de campañau0022, expresó Juan Irarrázaval.
“No se vengan a hacer los afectados cuando esa colectividad es la que le debe una tremenda explicación al país y tiene que responder ante la justicia”, agregó el parlamentario del distrito 14 de la Región Metropolitana.
