201 páginas tiene el programa de gobierno de Johannes Kaiser. En el documento, entre otras cosas, propone dar “la batalla cultural”, la “consolidación” —o reducción— de ministerios y el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, entre otra serie de propuestas en materia económica, control del gasto fiscal y desarrollo minero.
En entrevista con EL DÍNAMO, Kaiser defiende su propuesta programática la cual evita denominar como “terapia de shock”, pero sí reconoce que es un “remezón institucional”.
Además, habla de la ausencia en su programa de cuestiones como el aborto en la causal de violación, aunque reafirma que en su eventual gobierno buscaría modificar la legislación vigente.
“Lo que propongo es una cura, no una terapia de shock”
—¿Definiría su propuesta programática como una terapia de shock para el sistema institucional chileno?
—No, no creo que sea una terapia de shock en sentido estricto. Es más bien una cura. Puedes verlo como una cura un poco desagradable, quizás una cura de agua fría, pero no es una terapia de shock porque no pone en duda la institucionalidad, no es refundacional de ninguna manera. En ese sentido, lo que hace es hacerse cargo de lo que son las deficiencias que hemos observado a nivel institucional y económico. Pero sobre todo, a nivel de lo que ha sido el desmadre del propio Estado, que ha pasado a servirse a sí mismo en vez de servir a las personas. Este programa corrige o propone rutas de corrección. Pero en principio no pone en peligro ninguna de las bases institucionales de convivencia que tenemos en este momento.
—Pero sí podríamos decir que es un remezón a la institución.
—Sí, es una propuesta de reformulación, sin duda, pero yo creo que un remezón puede ser programático, pero incluso cuando tú cambias una sola persona puedes generar un remezón a nivel institucional. Veamos, por ejemplo, lo que ha sido el efecto Dorothy Pérez. Solo el aplicar las normas ha significado una tremenda modificación en lo que ha sido el trabajo de la Contraloría.
Nosotros lo que queremos es que esa lógica se extienda, la lógica de hacer cumplir la ley, pero también hacernos cargo de lo siguiente: la administración no está para administrarse a sí misma. La administración, su única razón de ser, es optimizar la gestión del Estado a nivel de atención de público. Entonces, si yo tengo una administración que se transforma en un obstáculo para que la gente reciba servicios públicos, yo tengo que transformar la administración para que vuelva a ser lo que debería ser. La administración no es un fin en sí mismo.
La batalla cultural como prioridad
—Si uno va analizando el programa, el punto uno dice “batalla cultural”. En el momento del país que estamos, ¿es prioritaria la batalla cultural?
—Absolutamente. Si tú no crees que existe el bien y el mal, entonces tampoco crees que es malo robar. La batalla cultural va de la mano de todo eso. La descomposición de la estructura moral de la sociedad es parte de lo que ha sido la batalla cultural que ha conducido la extrema izquierda contra la sociedad para minar su fundamento y hacerla implosionar.
—O sea, cuando usted dice que su propuesta de alguna manera es una cura, ¿se refiere a algo moral?
—Naturalmente también es un tema moral, pero lo moral tiene efectos prácticos. En la medida en que, por ejemplo, el patriotismo va cayendo en relevancia, hay menos razones para que un funcionario público se comporte de manera patriótica, es decir, de servir a su semejante como debería servirlo. En la medida en que nuestra cultura —estamos hablando aquí de la moral asociada a la cultura, a la ética, y a nuestra historia—, eso es parte de un todo y es parte también de cómo tú comprendes la sociedad, la economía o la convivencia. Si tú tienes un quiebre profundo dentro de esa materia —y eso lo entendió la extrema izquierda y por eso impulsa todo lo que es deconstruir la sociedad—, si tú tienes un quiebre profundo, lo que tú haces es hacer implosionar el sistema del cual dependemos todos para vivir.
—Y la batalla cultural que usted menciona, ¿cómo se traduce en medidas concretas?
—Sacando las doctrinas de género de lo que es nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo. Nosotros consideramos que eso violenta la igualdad ante la ley, que es un principio aceptado por todos. Lo mismo pasa con el indigenismo. Queremos que a la persona se la vea y se la analice en razón de su carácter, en razón de cómo es, y no en razón de su pertenencia a un grupo. Y sobre esa base, nosotros queremos volver a limpiar nuestra legislación para dejarla neutral.
—Ahí mismo cita a Agustín Laje, uno de los ideólogos que da sustento al gobierno del presidente Javier Milei. ¿Busca replicar el modelo argentino libertario en Chile?
—No, yo no quiero replicar un modelo. Nosotros tenemos nuestros problemas, ellos tienen problemas similares. Lamentablemente es un problema que está a nivel occidental. Y nosotros nos hacemos cargo de ellos. Aproximaciones similares ustedes las encuentran en Miami, en el estado de Florida, en el estado de Texas, la encuentran en otros países latinoamericanos, también en El Salvador. Pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar que no existe el bien y no existe el mal.
—Cuando dice el bien y el mal, ¿el bien sería su partido o la derecha y el mal la izquierda?
—Eso lo está suponiendo usted, pero si quiere verlo así, perfecto.
—No es que lo vea así, se lo estoy preguntando.
—Es una aproximación muy básica. A veces es difícil aclararlo de esta manera, pero el bien es la verdad, es lo que se produce y se construye sobre la base de la verdad. Existe la verdad, existe la belleza, existe el bien. Es el triunvirato, lo que decían los griegos. En la medida en que esas tres cosas se presentan y se producen —naturalmente que siempre con sus imperfecciones, porque somos seres humanos— vamos evolucionando de manera positiva en materia social, familiar, económica, etcétera. Si tú basas tu sociedad en la mentira, si la basas en lo feo, si la basas en lo torcido, evidentemente que no puede salir nada bueno de ello.
En ese sentido, nosotros creemos que el bien, entre otras cosas, tiene en nuestra civilización también un origen moral: los diez mandamientos. Y bueno, si a usted no le gustan los diez mandamientos, tenemos un problema, porque va a terminar enfrentado con la inmensa mayoría de nuestra legislación igual. Usted va a ir a robar y dice: “no, es que a mí no me interesa lo que hayan dicho los diez mandamientos”. Perfecto, va a terminar preso igual. ¿Me explico? Entonces, el ideal es tener una sociedad donde las personas sean capaces de autocontrolarse porque es la manera de garantizar la paz social sin la necesidad de tener un Estado omnipresente. Y hoy día, donde distintas candidaturas están proponiendo plagar de cámaras todo, transformarnos prácticamente en un sistema chino de control social donde todo lo que los ciudadanos hacemos se sepa, mientras el Estado está por encima literalmente como Dios padre. Y para eso es importante ofrecer alternativas.
Propuestas económicas y reducción del Estado
—En su programa propone un 0% de impuestos a las utilidades reinvertidas ¿Cómo se compensa la menor recaudación mientras se implementa esta medida?
—Con mayor actividad económica. Porque esa reinversión se transforma en compra de material de construcción, en importación de vehículos y, en definitiva, en empleo. No es que simplemente el dinero desaparezca y el Estado recaude igual; lo que hace esta medida es reactivar la economía. Y el Estado siempre está en alguna parte cobrando, ya sea a través del IVA, o los miles de impuestos vigentes. Lo que pasa es que nosotros le decimos a los empresarios: si usted reinvierte no le vamos a cobrar impuestos por esa plata.
—Respecto a la reducción del empleo público, usted propone eliminar 200 mil plazas en el aparato estatal. ¿Ya está definido en qué área se van a realizar estos recortes?
—No, no está definido todavía. Sabemos el tipo de recorte que va a haber. El tipo de personal que va a tener que irse van a ser aquellos que no están considerados por ley. Porque nosotros en los ministerios tenemos plantas. Pero todo el crecimiento exponencial que ha habido de personal en el Estado va fuera de lo que es la ley. Han sido a contrata u honorarios.
—¿Esa reducción va a afectar, por ejemplo, la implementación de programas sociales?
—En primer lugar, nosotros estamos reduciendo el costo administrativo y el costo en personal del Estado en aquellas áreas donde no es músculo. No voy a despedir enfermeras, carabineros o inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero. Pero yo no necesito que la Seremi de Salud de la novena región tenga seis periodistas. Hay mucha gente que ha entrado al sistema por razones políticas. Y no solamente en el Estado central, también pasa en las municipalidades.
“Consolidación” de ministerios
—Usted propone la reducción de 25 a 9 ministerios…
—No es una reducción, es una consolidación.
—¿Cuál es la diferencia?
—Lo que pasa es que nosotros en vez de tener 25 cabezas peleando las unas con las otras por distintos espacios de poder, queremos consolidar macro sectores de administración. Por ejemplo, Agricultura, Minería, Agricultura, Economía, Energía, Medio Ambiente son todos ministerios que de alguna manera son interdependientes en su gestión. Ya sea Agricultura —no con Minería necesariamente— pero sí con medio ambiente. Entonces, todos esos ministerios que son interdependientes en su gestión deben tener una gestión que sea cooperativa y no conflictuada permanentemente.
No puede ser que tú tengas hoy día a Minería tratando de avanzar un proyecto, lo torpedea Medio Ambiente, lo torpedea Energía. O, por ejemplo, en Obras Públicas y Vivienda, los queremos coordinar con Bienes Nacionales. No puede ser que vivienda quiera construir y resulta que Bienes Nacionales le dice que no, porque no quiere soltar esos terrenos. No tiene sentido.
—También se podría decir que algunas materias podrían perder la dedicación exclusiva, como Educación. ¿No lo ve usted así?
—No lo veo así porque, ¿qué es educación sin ciencia, sin cultura o que no conversen entre sí estas materias? No es razonable tener ministerios que lo que hacen es duplicar funciones hasta cierto punto a costa de un presupuesto limitado.
—¿No afectaría el trabajo en esas materias una reducción de esa envergadura?
—Esperamos que lo afecte brutalmente, porque se está gestionando pésimo. Y como lo está gestionando pésimo, queremos gestionarlo mucho mejor. Lo irónico es lo siguiente: nosotros los libertarios no nos gusta para nada el Estado. Pero entendemos que el Estado, así como está en esta situación, no está entregando servicios y se lo está comiendo todo. Y si queremos achicarlo, primero tenemos que arreglar el Estado.
Seguridad y uso de Fuerzas Armadas
—Su programa menciona: “Ante el incremento incontrolado del crimen organizado (..) serán clave el apoyo de las Fuerzas Armadas en la erradicación de estos flagelos y eventualmente a través de estados de excepción constitucional”. ¿A cuál se refiere en particular?
—Estado de sitio.
—¿En dónde?
—Bueno, depende. En un espacio que puede ser tan grande como una estampilla.
—¿Cómo?
—Por ejemplo, en una población. Si usted tiene una población que está tomada por el narco, donde digamos que usted tiene que realizar un operativo contra una banda, como sucede parcialmente, por ejemplo, en Brasil, en las favelas. Y la fuerza policial requiriese entonces de apoyo militar, en ese contexto podría ser. La idea no es decretar en toda la Región Metropolitana estado de sitio o estado de emergencia.
—Sería acotado entonces.
Es que yo no quiero tener a las Fuerzas Armadas en las calles de manera permanente. Las Fuerzas Armadas no son Carabineros, las fuerzas armadas son fuerzas que están altamente especializadas en la guerra moderna. No son policías, no están entrenadas para eso, y el reentrenarlas para ser policías lo que hace es que hace que perdamos las capacidades que han aprendido para conducir una guerra moderna. Entonces, las capacidades de las Fuerzas Armadas —técnicas, logísticas, etcétera— se pueden poner a disposición de las fuerzas del orden ahí donde sea necesario. Pero tiene que ser por un tiempo acotado. ¿Para qué? Para que se solucione el problema y recuperar la normalidad constitucional.
—Usted dice que el uso de las fuerzas militares sería acotado. También dice que no vale la pena de alguna forma reentrenar a las fuerzas militares para ejercer esta labor.
—Eso sí, es mucho más caro.
—Pero las mismas fuerzas militares han dicho que ellos no están preparados para ejercer esta labor. ¿Cómo puede uno asegura que, con esa fórmula que tiene sobre la mesa, va a rendir frutos esa medida?
—No está el entrenamiento porque no hay, en primer lugar, porque para una operación de carácter militar sí está el entrenamiento. Yo le estoy presentando a usted el evento de tener que enfrentar lo que el señor presidente de la República (Gabriel Boric) llamaba “grupos armados con pretensión territorial”. A un grupo armado con pretensión territorial yo no le digo “alto ahí, levante las manos, lo voy a detener”. A un grupo armado con pretensión territorial le aplico la fuerza de corte militar para desactivarlo.
—¿Y cómo se compagina una medida así con el respeto a los derechos fundamentales?
—Para que vea, nosotros cuando peleamos y desactivamos delincuentes estamos justo haciendo eso: protegiendo los derechos humanos y las garantías constitucionales de la gente honesta respecto de los delincuentes y los terroristas.
—¿Y el debido proceso?
—El debido proceso se da en la medida en que el delincuente y el terrorista se entreguen para poder ser sometidos a proceso. Si alza las armas contra el Estado de Chile, se le aplicará la fuerza que sea necesaria. Porque eso también está en la ley. No sé si lo sabe, pero está permitido disparar a un delincuente que le dispara a la fuerza pública.
Auditoría a Codelco y privatizaciones
—En su programa se anuncia una auditoría a Codelco. Si el resultado fuera negativo, ¿estaría dispuesto a privatizar la minera?
—De todas maneras. Veo el modelo de la BMW, donde la propiedad es compartida: se entrega el 51% de la BMW a privados; y 49% o menos al estado de Bavaria y otros. ¿Qué es lo que sucede? La empresa es gestionada con criterios privados, pero el estado de Bavaria gana por dos caminos. Uno, por los impuestos que le cobra la empresa y dos, por las ganancias de la empresa, que le son pagadas entonces como utilidad.
—¿Eso podría ser replicable en Codelco?
Absolutamente. Lo que nosotros tenemos en este momento en Codelco es una empresa que está cada vez más cerca de la quiebra. Tiene 23 mil millones de dólares en deuda, ha tomado decisiones estratégicas devastadoras en los últimos años y podría arrastrar al Estado de Chile en una quiebra porque nosotros somos los garantes de esa deuda. De hecho, Codelco ha sido utilizado por el sistema político para poder hacer deuda sin pasar por el mercado de bonos directamente como Estado. Entonces hay que parar eso. Si no lo paramos, vamos a terminar entonces con Codelco fundido y con el fisco fundido, gracias a la irresponsabilidad de los políticos que han estado a cargo de esto.
—¿Hay otras empresas del Estado que usted tenga en vista para una posible expropiación?
—ENAP, definitivamente. En ENAMI tenemos que ver, porque ENAMI cumple un rol de otro tipo. Pero puede ser que también veamos si es posible lo que sería una privatización parcial.
—¿En todos los casos sería una expropiación parcial, nunca total?
—Es que no creo que sea necesaria la privatización total. Lo importante es introducir un control de gestión de las empresas que sea privado. En vez de ser el Estado —los políticos— quienes controlen, lo importante es que las operaciones económicas en que la empresa saque los mayores réditos económicos posibles, haciendo el cálculo económico y no el cálculo político y no el cálculo personal solamente.
Reforma previsional y eliminación del préstamo forzoso
—En su programa dice que se impulsará una reforma basada en la propiedad, el ahorro y la sostenibilidad fiscal ¿Qué implica en términos concretos esa reforma?
—En primer lugar, dejar de tomar deuda para pagar gastos. Le devolveremos a los trabajadores lo suyo. Ese 1,5% de préstamo forzoso al Estado es una vergüenza. Nunca debió haber pasado. Nosotros lo que queremos es reemplazar ese pilar de financiamiento para la PGU con ingresos. Ojalá que pudiésemos todavía hacer una licitación del litio, aunque se está viendo la situación del litio. Pero esperamos que con las privatizaciones se genere un fondo de inversión como lo tiene Noruega, que nos sirva entonces para tener un colchón de financiamiento.
—¿Y la administración seguiría a cargo de las AFP?
—Lo que nosotros hemos ofrecido es aperturar el sistema de gestión de administración de fondos, es decir, que los ciudadanos tengan la posibilidad de buscar otras alternativas aparte de las AFP. En ese sentido, nosotros creemos en la libertad y en la autonomía de las personas. Ahora sí, tienen que cotizar.
Reforma laboral y flexibilización
—La reforma previsional que usted menciona también está enlazada obviamente a la reforma laboral. Usted menciona eliminar la rigidez regulatoria en su programa, ¿a qué se refiere?
—Hay distintas rigideces en el sistema, entre otras, normas como de acoso que no van asociadas con sanciones a la denuncia falsa. Todo ese tipo de cuestiones que van judicializando las relaciones laborales, van haciendo más difícil la contratación y por lo tanto la formalidad. Y cuando no tienes formalidad, no hay un sistema que te aguante porque no hay cotizaciones.
Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo pasar a un sistema que en la práctica sea muy similar al que tienen los daneses de Flex Security. Eso es indemnización a todo evento. Es una especie de seguridad universal que permite el cálculo económico también. Aunque tiene que haber una fase de conversión, no significa que cada despido sea un peligro para una pequeña empresa, por ejemplo, de tener que cerrar porque no puede pagar la indemnización.
—Cuando usted menciona que se promoverá la fijación de salarios por mercado, ¿eso significa que se eliminaría el sueldo mínimo?
—No, no significa que se eliminaría el sueldo mínimo, pero el sueldo mínimo, por ejemplo, en la minería es probablemente mayor que en cualquier otro rubro. Entonces, no puedo aplicar el sueldo mínimo de la minería a la gastronomía. El sueldo mínimo es solamente necesario en los países donde tú tienes más oferta que demanda. Y nosotros queremos revertir eso. Es decir, en un futuro próximo, queremos que nadie esté trabajando por el sueldo mínimo. Queremos que el sueldo mínimo se haya transformado en una mala memoria.
—Pero para entenderlo bien, ¿ustedes proponen eliminar el sueldo mínimo que está fijado actualmente?
—Lo que nosotros estábamos viendo es que el sueldo mínimo haya que verlo por actividades.
—O sea que igual podría ser más bajo que los $529.000 que rigen hoy.
Sí, hay una posibilidad. Lo que pasa es que tiene que ser más flexible respecto a las actividades. Pero ese es un tema que todavía hay que considerar. Yo personalmente creo que nosotros tenemos que avanzar a través del desarrollo económico, la creación de puestos de empleo, a una situación como la tuvimos en el 2015-2016, antes de que los señores políticos vendieran al país completo, en que tú no encontrabas a nadie que trabajara por el sueldo mínimo.
Agenda valórica y aborto
—¿En su gobierno no va a haber ninguna innovación en torno a la llamada agenda valórica?
—Pero si la agenda valórica la tenemos absolutamente definida en el primer capítulo.
—Me refiero a temas como la eutanasia o el aborto.
—Lo que pasa es que nuestra definición en esa materia ya se tomó. Está en los estatutos del partido.
—¿Pero se propone modificar la causal de violación?
—Yo ya le dije, si nosotros no estamos dispuestos a matar a los violadores, ¿sí estamos dispuestos a matar a la guagua?
—Pero en un eventual gobierno suyo, ¿impulsaría una reforma a esa ley?
—De todas maneras, yo estoy impulsando una reforma en este momento y lo planteé también ante la prensa, en razón de que casi el 90% de los casos de aborto por violación no se está denunciando al violador. Si usted no denuncia al violador, entonces ese violador sigue circulando libre y puede volver a violar. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. Si hay 92% de los violadores que están circulando libres, tenemos un problema.
—¿Eso cómo impacta en la legislación del aborto?
—Bueno, eso es lo que estamos trabajando en este momento.
—¿No hay una propuesta todavía?
—Estamos viendo cómo lo hacemos, pero está claro que si va a producir un aborto por violación tiene que haber, cuando menos, una denuncia.
—O sea, para las mujeres que no denuncian ¿no podrían tener acceso al aborto por violación?.
—Pero es que si no denuncian ¿hubo violación? ¿todos los embarazos son violaciones?
—En definitiva, si no hay denuncia no hay acceso a esta causal
—Es lo razonable, ¿no le parece? (hace silencio)
—Le pregunto a usted.
—Pero es lo razonable.
—Hay varios estudios que mencionan que hay un largo período en que la mujer se demora en denunciar por distintas causas, emocionales, psicológicas…
—De acuerdo, pero resulta que la guagua va a ser abortada. Es decir, un ser humano va a ser asesinado, sin que se persiga al violador. ¿Está usted de acuerdo con eso? O sea, ni siquiera la pena de muerte para el violador, ya ni siquiera hablamos de eso.
Y si la denuncia es falsa, ¿qué? ¿Va a haber sanción?
—¿La habrá?
—No lo sé, estamos viéndolo. Pero esté usted de acuerdo conmigo que es inaceptable una situación en la cual 92% de los casos de violación, de aborto por violación, terminan sin denuncia.
—¿Pero usted está cargando esa responsabilidad en el sistema judicial o la mujer que no denuncia?
—Mire, en quién está cargando usted la responsabilidad, ¿en el violador o la guagua?
—En nadie, le estoy preguntando.
—Si pues, en la guagua. Porque, ¿quién pierde aquí siempre en el aborto? La guagua. Porque no quieren perseguir al violador.
—¿Quien?
La izquierda no quiere perseguir a los violadores. Lo vimos en La Moneda. Yo sé que tienen un problema con esta norma específica, porque lo que hicieron fue abrir un flanco en el cual una persona ni siquiera haciendo una denuncia puede efectivamente hacer un aborto y entonces nunca se persiguió al violador.
¿Le vamos a creer a las mujeres? 92% de casos de violación,1.400 y tantos casos de violadores estarían circulando libres. ¿A usted le parece eso razonable?
—En su mandato, ¿modificaría el nuevo reglamento de objeción de conciencia que publicó el Gobierno?
—Yo no he visto lo que ha sacado el ejecutivo, pero estoy seguro de que lo hicieron mal.
—Lo revisaría para modificarlo, entonces.
—Todo está siempre sujeto a revisión para mejorar. Desde la ley del tránsito hasta temas médicos. No me he metido en esa materia. Pero evidentemente que todo siempre va a estar sujeto a mejoras si es que existe una crítica respecto de eso.
