A 48 días de la elección presidencial y parlamentaria, la Cámara de Diputados fijó la multa para quiénes no concurran a votar.
El hecho de que a menos de dos meses de la realización de los comicios recién se haya establecido la sanción monetaria que mandata la Constitución para hacer efectivo el voto obligatorio es una señal de lo complejo que fue arribar a un acuerdo en la materia. A dicho escenario se llegó debido a un nudo que recién la semana pasada se logró desatar: la regulación del voto extranjero.
Finalmente, con la aprobación de los dos proyectos que fueron sometidos a votación durante la tarde de este lunes, el voto extranjero sufrió dos modificaciones. La primera tiene un efecto inmediato; de facto, el voto de los avecindados en Chile para estas elecciones será voluntario puesto que no se estableció multa para los extranjeros que no concurran a sufragar en noviembre.
En segundo término, a partir de una reforma constitucional impulsada por el Gobierno, se elevarán los requisitos para los avecindados en territorio nacional pasando de cinco años —no necesariamente continuos— a 10 años ininterrumpidos.
“Podrán ejercer el derecho de sufragio los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13. Para estos efectos, los extranjeros sólo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Con todo, durante el periodo de avecindamiento, no deberán registrar salidas del país por más de noventa días en cualquier período de doce meses”, dicta la reforma constitucional aprobada.
La norma, en todo caso, no regirá para esta elección que ya tiene el padrón extranjero definido. Sino que a partir del año 2026 —en estricto rigor a partir de 2028 cuando se realicen las elecciones regionales y municipales—.
Ambos proyectos fueron aprobados transversalmente, a excepción del descuelgue de algunos parlamentarios del oficialismo y de la bancada Independientes-PPD.
Gobierno logra sofocar rebelión oficialista
En la previa de la votación la expectativa estaba puesta en los eventuales descuelgues que asomaban en la alianza de Gobierno.
Hace un mes el oficialismo rechazó, de manera sorpresiva, en su primer trámite constitucional el proyecto impulsado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), y acogido por el Gobierno, que planteaba la fórmula del voto voluntario de los extranjeros. A dicha fórmula se llegó a través de un acuerdo alcanzado por la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y los interlocutores de la oposición; el presidente de la Cámara José Miguel Castro (RN) y la diputada Pérez.
Sin embargo, a último momento diputados del oficialismo levantaron reparos al monto de la multa, a pesar de que la ministra Lobos había acordado con senadores de oposición el segundo proyecto de regulación de los requisitos para los extranjeros.
Por lo mismo, los ojos estaban puestos sobre las bancadas oficialistas que, en todo caso, se allanaron a la fórmula planteada por el Ejecutivo.
Gobierno se anota triunfo restringiendo voto extranjero
Pese a la complejidad de la tramitación, en el Gobierno sacan cuentas alegres del resultado. ¿La razón? El Ejecutivo logró restringir el voto inmigrante que ya había sido puesto en entredicho desde la tramitación del voto obligatorio para las pasadas elecciones municipales y de gobernadores de 2024.
En aquella ocasión, el ministro de la Segpres de ese entonces, Álvaro Elizalde, ya había intentado —infructuosamente— limitar el voto extranjero dejándolo sin una multa asociada, idea que no prosperó puesto que el secretario de Estado intentó establecer la norma en la comisión mixta (última instancia legislativa).
Pese al revés que sufrió el ministro en la ocasión, el punto quedó hecho. Y en esta tramitación, el Ejecutivo no sólo logró que fuera voluntario el sufragio de inmigrantes, idea a la que se resistió fuertemente la derecha puesto que el cálculo es que dicho voto le es beneficioso; sino que también introducir una histórica reforma a los requisitos para la legislación que no sufrió modificaciones desde la entrada en vigencia de la actual Constitución en 1980.
De hecho, a pesar de que la derecha celebró el acuerdo alcanzado, sí se resintió que el Gobierno utilizara su poder de negociación el cual se expresó —a ojos de las fuerzas opositoras— en que se pusiera en duda la multa.
El diputado Andrés Longton (RN) fue uno de los legisladores de oposición que mostró su molestia por la manera de negociar del Ejecutivo remarcando el cambio de posición del oficialismo respecto al voto extranjero.
“Lo que hoy día teníamos que cumplir era un mandato constitucional, pero sujeto a una extorsión”, acusó el diputado.
Y reconoció: “Hoy tuvimos que ceder en otros aspectos para efecto de que se cumpliera lo que la mayoría de este Congreso, con muchos de los parlamentarios que están hoy día presentes, aprobaron el año 2022, que es el voto es obligatorio y con sanción”.
En esa línea, Longton recordó cómo en el pasado el Frente Amplio, partido ancla del Gobierno, impulsó en el pasado normas favorables para el voto extranjero: “No había cálculo electoral, había convicción. Pero esa generación prístina, con una estatura moral por sobre todos nosotros, nos enseñó también que las convicciones pueden cambiar de un día para otro si es que el poder está en riesgo. Esas son las lecciones del Presidente y el exministro Jackson”, sostuvo el diputado RN.
Uno de los momentos llamativos de la discusión fue la intervención del diputado Johannes Kaiser (PNL), quien deslizó la posibilidad de una acusación constitucional contra la ministra Lobos en caso de que la norma se aplicara de manera “retroactiva”. La legislación aprobada, sin embargo, contiene un artículo transitorio que dicta expresamente que la nueva regulación para extranjero comenzará a regir a partir de 2026.
